El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes 21 de marzo el Informe Anual de la actividad de la Institución en 2021 al presidente del Senado, Ander Gil.
Durante el encuentro, celebrado en el Palacio del Senado, Ángel Gabilondo ha trasladado a Ander Gil los asuntos más destacados de este Informe. Así, le ha explicado que el pasado año las quejas se incrementaron un 3,5%, alcanzando los 29.015 expedientes tramitados.
La mayor parte de las quejas tuvieron que ver con empleo, seguridad social, administración de justicia, función y empleo públicos, sanidad y migraciones y procedieron de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.
El pasado viernes el Defensor entregó este Informe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Próximamente, Gabilondo lo expondrá ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y posteriormente lo presentará en los plenos del Congreso y del Senado.
En el informe, se constata que las quejas al Defensor del Pueblo suben pero lo hacen en menor medida que en el año en el que empezó la pandemia, cuando aumentaron un 26,4 por ciento respecto al ejercicio anterior.
En todo caso, Gabilondo observa que en 2021 aún se detectan las secuelas de la crisis provocada por la Covid-19. «Cuanto ha sucedido ha venido marcado por las secuelas del difícil y complejo año 2020, con consecuencias dolorosas y determinantes en la sociedad española. El impacto de la covid-19 se ha hecho evidente en su repercusión social y económica, en definitiva, en todos los sentidos, en 2021″, explica.
Se trata del primer informe que Gabilondo entrega como alto comisionado aunque gran parte de la gestión de la Institución durante el año pasado correspondió al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
Según el documento, la Institución inició en 2021 un total de 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y atendió personalmente a 33.708 ciudadanos.
Respecto a las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, este año ha recibido un total de 204, lo que supone un descenso de un 77,5% con respecto a las 909 recibidas el año anterior.
Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo formuló en 2021, ante las distintas administraciones, un total de 582 recomendaciones y 1.139 sugerencias.
Por temáticas, la mayoría de los expedientes de queja, de actuación de oficio o de solicitudes de recurso están relacionados con el área de la Seguridad social y el empleo (13,4%), seguidos por Administración de Justicia (11,9%), Función y empleo públicos (11,6%), Sanidad (8,2%), Migraciones (6,8%), Asuntos de interior (6,6%) y educación (6%).
Singularmente, el Defensor del Pueblo destaca el «número de quejas recibidas en materia sanitaria» que «ha puesto en evidencia en diversos ámbitos la emergencia» que ha representado la pandemia.
«La pandemia ha sido la gran razón y en algunos casos un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente», precisa.
«DOLOROSA EXPERIENCIA» EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
Gabilondo también se refiere a la «dolorosa experiencia de la asistencia residencial a mayores, a pesar de la respuesta de los profesionales», que «ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales y un mayor seguimiento y control por parte de las Administraciones Públicas».
Por otro lado, la institución también constata «diversas dificultades procuradas por una transición a las nuevas tecnologías, sin duda necesaria». El Defensor del Pueblo incide en la necesidad de esa accesibilidad y de un lenguaje claro en la Administración Pública.
Asimismo, expone la necesidad de resolver los retrasos en las reclamaciones sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y una revisión «ágil» de las cuantías «muchas veces tardía».
En la presentación del informe, Ángel Gabilondo también hace una mención a la guerra en Ucrania para decir que «se hace aún más patente» hasta qué punto se viven «espacios de enorme fragilidad e incertidumbre». «De nuevo, la guerra. Esta vez, en las puertas de Europa, con numerosas víctimas y desplazados, refugiados en ocasiones, y sin otro destino que huir», reflexiona.
En este sentido, en una rueda de prensa el pasado viernes, tras entregar el Informe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Defensor del Pueblo, pidió «coordinación» en la acogida de personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania porque «no hay que confundir una buena respuesta con la buena intención».
«No voy a poner en cuestión la buena intención de quien cree que puede hacer así una gran labor, pero la gran preocupación por atender a las personas refugiadas puede verse agravada por una descoordinación, esto es responsabilidad pública y de todos los ciudadanos, no debemos confundir sin más la buena respuesta con la buena intención», subrayó Gabilondo.
