La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha lamentado que algunos partidos le hayan pedido dejar el cargo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) detectara indicios de presunto fraude durante su etapa al frente de la Institución de les Letras Catalanas (ILC): «Pedirme la dimisión es, parece, una opción más razonable que denunciar la persecución política y el acoso judicial a la que estoy sometida«.
En un artículo en ‘El Punt Avui’, ha defendido mantener la unión del independentismo frente a lo que considera represión, para lo que ve indispensable que «los políticos no caigan en la tentación de hacer de jueces«.
«Marcharme para ahorrarme problemas sería enseñar la vía para apartar a las personas que molestan», ha dicho Borràs, y ha lamentado textualmente que se ha visto obligada a demostrar su inocencia porque quienes la acusan ya la han declarado culpable.
En ese sentido, ha negado ser responsable de ningún tipo de fraude: «La magnitud de la aberración jurídica perpetrada contra mi reputación aún puede subir algún escalón más si el fiscal decide presentar un escrito de acusación«.
Y ha asegurado sentirse muy orgullosa de su labor como directora de la ILC, en especial por haber completado su actualización digital «en un plazo de tiempo muy breve, con el menor coste posible y con unos estándares de calidad incuestionables«.
Entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó por medio de Borràs 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución, por los que se la investiga por presunta prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.
