El Gobierno de España realiza cada año entregas a Marruecos superiores a 30 millones de euros en paralelo al plan europeo dotado con más de 300 millones para hacer frente a la problemática de la inmigración irregular que, no obstante, sigue dejando cifras negativas: las llegadas a España han crecido un 76,9% y las entradas por vía terrestre en Ceuta y Melilla se han disparado un 239,5% en los tres primeros meses de 2022, debido a los saltos de la valla en esta última ciudad registrados a principios de marzo.
Marruecos es el segundo país que más dinero comunitario recibe para la cooperación migratoria, ya que cuenta con 346 millones de euros procedentes de distintos programas para asegurar la gestión de las fronteras, según informó la Comisión Europea en mayo de 2021, coincidiendo con la crisis por la entrada ilegal a Ceuta de más de 10.000 personas.
Tras el respaldo al plan marroquí para el Sáhara expresado en la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo espera «evitar» la presión migratoria. Así lo ha expuesto este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien también ha dicho que no «tiene la impresión» de que esto vaya a complicar la relación con Argelia, un país clave en la exportación de gas.
AYUDAS DIRECTAS EN PLENA CRISIS DE CEUTA
De acuerdo a los datos recabados por el Ministerio del Interior, alrededor de 50.000 migrantes han entrado de forma ilegal en España desde mayo de 2021, cuando se registró la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta –cifra que no se incluye en la estadística oficial–. La crisis coincidió con la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Aquel episodio en Ceuta obligó a desplegar a las Fuerzas Armadas junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional debido a que del lado marroquí no intervinieron las fuerzas del orden. Pese a ello, aquellos días el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 30 millones de euros en ayudas para el país alauita, una partida que se sumaba a las aprobadas en 2019 y 2020 destinadas al control migratorio.
Fuentes de Interior detallan que con los fondos europeos que se gestionan a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) se ha cedido a Marruecos, además, partidas con vehículos todoterreno, drones, radares y el equipamiento técnico necesario para el control de fronteras.
Tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Rey Mohamed VI en noviembre de 2018 se priorizó estas ayudas directas para, según informó el Consejo de Ministros, «contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos».
También en 2018, el recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la sustitución de las concertinas en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla para implementar una «frontera inteligente» con otros materiales menos lesivos y la puesta en marcha de cámaras y otros elementos tecnológicos. Interior asegura que este año finalizarán las obras.
«VIOLENCIA INUSITADA» EN MELILLA
La tensión con Marruecos llevó en mayo de 2021 a la retirada de su embajadora y al no restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas, aunque en el plano policial continuó la cooperación en materia antiterrorista o de lucha contra el crimen organizado.
Días antes del apoyo español al plan marroquí sobre el Sáhara, la frontera de Melilla vivió un episodio de «violencia inusitada» –según denunció el Gobierno– con la entrada de más de 850 migrantes en los dos saltos consecutivos a la valla el 2 y 3 de marzo protagonizados por subsaharianos provistos de garfios, clavos y palos.
Grande-Marlaska explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la cooperación con Marruecos en esta ocasión sí fue «perfecta» –a diferencia de lo ocurrido en Ceuta en mayo de 2021– y aludió a que la pandemia por el COVID estaba detrás del incremento de desplazamientos.
De enero a diciembre de 2021 llegaron de forma irregular a España 41.632 migrantes. Se trata de una cifra muy similar a la registrada en 2020 (41.468), pero que supone un aumento de un 21,9% con respecto a las 32.513 contabilizadas en 2019, es decir, antes de que comenzara la pandemia del COVID.
En 2019, más de 24.000 migrantes llegaron en patera a las costas españolas, lo que supuso una reducción de las llegadas irregulares por la vía marítima de más del 50%. Pese a esta caída generalizada, la vía por mar hacia las Islas Canarias experimentó un repunte de más del 70%. En 2006, el año marcado por la ‘crisis de los cayucos’, llegaron a España más de 47.000 migrantes.
