El acusado de matar a su exesposa con un martillo en 2020 en Cartagena (Murcia) ha reconocido este lunes que cometió el crimen y ha pedido «disculpas» a la familia de la víctima. «Fue un pronto, un arrebato; estoy arrepentido», ha dicho el presunto homicida durante el primer día del juicio, que se ha celebrado en la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia con jurado popular.
El hombre, que se encuentra en prisión provisional en virtud de un auto dictado el 24 de julio de 2020 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena, se enfrena a penas que suman 12 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio y maltrato habitual en el ámbito familiar, con agravante por razones de género.
El fiscal ha reconocido en su escrito el atenuante de confesión, ya que el acusado, una vez perpetrado el crimen, llamó al Teléfono Único de Emergencias ‘1-1-2’ para alertar de que acababa de darle «tres o cuatro» golpes con un martillo en la cabeza.
Él y la víctima, que vivían junto con la hija de ambos, apenas tenían relación desde 2015, tras 33 años de matrimonio en los que, ha confesado, «es posible» que la insultara y profiriera amenazas. Como consecuencia de esta situación, la mujer huyó de la casa en varias ocasiones para alojarse con su hermana, y fue durante un año a un psicólogo.
Precisamente, este último ha comparecido en el juicio y ha relatado que la mujer, si bien en ningún momento manifestó temer por su integridad física, sí que sufría «mucha presión emocional» y recibía «insultos» por parte de su marido, además de «incomunicación verbal» por parte de él y de su hija, lo que supone «un maltrato psicológico grandísimo».
«Le dolía mucho sentir que se reían de ella», ha dicho el profesional, quien ha asegurado que el sufrimiento en la víctima era evidente en su aspecto físico.
El escrito del Ministerio Público asegura que la mujer fue «aislada» en la vivienda por su entonces marido e hija, quienes, por otro lado, no se comunicaban con ella. En noviembre de 2019, el acusado canceló la tarjeta de crédito, único sustento de la víctima para poder cubrir sus necesidades vitales.
En julio de 2020, un juez emitió la sentencia de divorcio, que fue favorable a los intereses de la fallecida, pues se le atribuyó el uso de la casa, mientras que a él se le obligó a desalojarla, además de tener que pasarle 700 euros mensuales como pensión compensatoria con carácter indefinido.
Dos días después del fallo ambos coincidieron en la vivienda. Según el acusado, un insulto recibido por la víctima y la sentencia de indujeron a coger un martillo y darle en la cabeza con él hasta causarle un fuerte traumatismo craneoencefálico acompañado de una abundante hemorragia, aunque no falleció en el acto.
Como consecuencia de estas heridas, fue trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, donde estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 28 días. Tras sufrir una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, la mujer pereció el 19 de agosto de 2020.
El montante económico reclamado por el Servicio Murciano de Salud al acusado asciende a 35.166,71 euros, que se suman a los 20.000 euros que el Ministerio Fiscal solicita como indemnización para cada uno de los dos hermanos de la víctima, y 50.000 euros a la hija que la víctima y el presunto homicida tenían en común.
