El Tribunal de Cuentas responde a la Fiscalía que no hay base para incoar un procedimiento sancionador contra el PP de Salamanca ya que estima que los ingresos en metálico recibidos en la cuenta bancaria de la que es titular el partido político no pueden ser considerados donaciones sino cuotas de afiliados, tal y como habría contabilizado la formación.
Así lo confirman fuentes del órgano fiscalizador, y apuntan que la respuesta llega después de que el Ministerio Público les remitiera la documentación al entender que el PP de Salamanca podía haber ocultado las donaciones que recibió para pagar cuotas de afiliados durante las primarias que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en 2017.
Al hilo, desde el Tribunal de Cuentas indican que de esas diligencias previas 838/2019 del juzgado número 2 de Salamanca, que investiga un presunto delito de financiación ilegal del PP, no puede derivar un procedimiento sancionador de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Financiación de Partidos.
Ese artículo reza que «tan pronto como el Tribunal de Cuentas tenga conocimiento de los hechos, el Pleno dispondrá la apertura de un periodo de información previa en el que se dará audiencia al partido político presuntamente infractor, tras el cual, si hubiera lugar a ello, acordará la iniciación del procedimiento sancionador».
Así, consideran que no hay infracción alguna tipificada en el artículo 17 de esa ley, que recoge que no se pueden realizar donaciones que no cumplan con los requisitos establecidos. Constatan asimismo que no se ha producido infracción alguna en relación con el sistema de control interno y que el PP remitió en el plazo establecido el informe de control interno referido al ejercicio 2017.
Desde el Tribunal de Cuentas, estas mismas fuentes, aseveran que ya se ha dado traslado de estas circunstancias a su fiscalía a los efectos oportunos.
Fue en noviembre de 2021 cuando se conoció que el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca acordaba citar a declarar como investigados por presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político en el proceso del pago de cuotas por las primarias del PP de Castilla y León en 2017 al Partido Popular de Salamanca, a su presidente provincial, Javier Iglesias, y a su gerente en Salamanca, Isabel Sánchez.
