El 49,9% de los catalanes no aceptaría rebajar impuestos si esto implica una reducción de los servicios y prestaciones sociales, frente al 34,7% que sí que lo haría.
Así lo refleja la encuesta Òmnibus 2021, publicada este jueves y que se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas a partir de 18 años y residentes en Cataluña entrevistadas presencialmente entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre.
La encuesta también revela que el 90% de los catalanes cree que el Gobierno debería aportar más recursos a las comunidades autónomas para mejorar la financiación de los servicios básicos, y que un 68,4% ve «urgente» modificar el sistema de financiación para reducir el déficit de financiación de la Generalitat.
En este sentido, el 72,1% de los encuestados cree que los presupuestos de la Generalitat están condicionados por el sistema de financiación autonómico.
Sobre los presupuestos de la Generalitat para 2022, el 45,8% de los participantes cree que «impulsarán la reactivación económica y social» tras la pandemia.
Por otro lado, el 82% de los catalanes compra por Internet, y el 42% lo hace en más de un 10% de sus compras.
PAPEL DEL ICF
Preguntados por el papel del Institut Català de Finances (ICF), el 78% cree que debería invertir prioritariamente en proyectos empresariales vinculados a la investigación o a nuevos ámbitos de futuro.
El 42,1% de los catalanes está de acuerdo en transformar la entidad en un banco público, mientras que el 20,9% está en desacuerdo con esta opción.
Por otro lado, el 6% de los catalanes se ha mudado a un municipio más pequeño aprovechando la posibilidad de teletrabajo que ha abierto la pandemia, y el 30% lo harían si pudieran trabajar a distancia.
Además, el 45,5% de los encuestados tienen un trabajo que les permite flexibilizar los horarios de entrada y salida de su jornada laboral.
FONDOS EUROPEOS
Sobre los fondos Next Generation, el 78,6% de los catalanes cree que son una oportunidad para reactivar la economía y transformar el modelo económico del país.
El 43,8% no está de acuerdo con que la centralización de la gestión de estos fondos por parte del Gobierno sea positiva, mientras que el 32,6% sí que lo aprueba.
Sin embargo, el 70,5% apunta que la Generalitat debería tener más poder de decisión en la distribución de estos fondos, y el 60,2% cree que se usarán para financiar proyectos «importantes y estratégicos».
