Izquierda Unida de Cantabria ha recordado que «nadie ha asumido responsabilidades políticas» por la prevaricación en el Servicio Cántabro de Salud la pasada legislatura, por la que han sido condenados -a catorce y once años de inhabilitación para empleo o cargo público- dos exaltos cargos: el que fuera subdirector de Gestión Económica Francisco Javier González y el director de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, por contratos menores en obras y servicios.
El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha apuntado en un comunicado que ambos procesados dimitieron de su puesto cuando se conocieron los hechos, igual que el entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil.
Pero «quien debió cesar en su cargo, la consejera María Luisa Real, no lo hizo, ni por decisión propia, ni por decisión del líder de su partido, hoy vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ni por el máximo responsable del Ejecutivo en la anterior legislatura y en esta, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla», lamenta Ruiz Salmón.
A su juicio, «la condena judicial representa el máximo reproche a una forma de funcionar contraria al interés general y que ha sido permitida en el seno del Gobierno cántabro por el bipartito PRC-PSOE».
Además, en IU consideran que «esta situación se seguiría produciendo de no ser por la denuncia de irregularidades por parte de una funcionaria», pero también, agregan, «por la actuación diligente de Izquierda Unida, que llevó a la Fiscalía la situación». El PP también lo hizo, y se personó además como acusación particular, reclamando quince años de inhabilitación para cada procesado.
«De no ser por IU que acudió a la Justicia, hoy únicamente tendríamos un recuerdo de una polémica en el seno político y, ya que no lo hicieron entonces, desde el Ejecutivo cántabro deben pedir perdón por su falta de actuación y depuración de responsabilidades cuando tocaba», ha opinado Ruiz Salmón..
A su entender, «los servicios públicos no sólo deben ser gestionados de la forma más eficiente, sostenible y transparente posible, sino que deben estar libres de toda sospecha de corrupción».
