Los servicios jurídicos del Congreso defienden que la Mesa de la Cámara debe inadmitir la iniciativa de la CUP para que se cite a comparecer ante la Comisión de Justicia a Juan Carlos I con el fin de que informe de las actuaciones relacionadas con su fortuna que llevaron a la Fiscalía a abrir unas diligencias que finalmente fueron archivadas.
Según la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, aunque las diligencias no derivaron en una investigación formal por la inviolabilidad de la que goza el jefe del Estado y porque algunos de los delitos en los que podría haber incurrido habrían prescrito, ha quedado claro que el rey emérito es «un ladrón» y debe rendir cuentas por ello.
«Ya que los tribunales no pueden juzgar la malversación de fondos públicos del rey emérito porque era inviolable, como mínimo que venga a las Cortes a explicar lo que hizo», aseguró cuando anunció que solicitarían su comparecencia ante la Comisión de Justicia.
NO CABE EN LA CONSTITUCIÓN
Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso, según la nota redactada sobre esta petición, sostienen que la comparecencia debe ser inadmitida porque «excede de la función de control que corresponde a la Cámara» conforme a los artículos 56.3 y 66 de la Constitución.
El primero de estos preceptos es el que alude precisamente a la figura de la «inviolabilidad» que protege al jefe del Estado que, subraya la Carta Magna, «no está sujeta a responsabilidad», mientras que el segundo remarca que entre las funciones del Congreso está la de controlar al Gobierno, pero no a la Corona.
Hasta ahora todas las iniciativas relativas a la Casa del Rey o a los negocios del rey emérito han sido frenadas en la Mesa del Congreso por el PSOE, el PP y Vox con estos mismos argumentos. Lo mismo sucederá, previsiblemente este martes durante la reunión que celebrará el órgano de gobierno de la Cámara.
De hecho, la semana pasada el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ya dejó claro al ser preguntado por la iniciativa de la CUP que los socialistas no van a «lastrar, enturbiar y perjudicar la estabilidad del sistema», lo que no es óbice para que desde el Gobierno se siga insistiendo en que Juan Carlos I debería dar explicaciones por su actuación.
Precisamente, a raíz del archivo de las diligencias sobre el padre de Felipe VI fueron varios los grupos que insistieron en la necesidad de reformar la figura de la inviolabilidad para delimitarla a los actos públicos del jefe del Estado, dejando fuera los privados. Así lo solicitaron Unidas Podemos, Más País, PNV, Bildu, PDeCAT y Compromís, mientras que el PSOE no lo descartó pero dejó claro que no está entre sus prioridades.
