La ex asesora de Podemos Dina Bousselham y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino comparecerán finalmente este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la trabajadora ‘morada’ desde que le robaron el móvil hasta que parte de la información que guardaba apareció publicada. Se trata de las últimas pesquisas de esta pieza separada del caso Villarejo.
Estaba previsto que Bousselham, Ricardo Sa –su pareja cuando sucedieron los hechos investigados– y el ex DAO testificaran el pasado 9 de marzo, pero la huelga convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) obligó a posponer estas declaraciones.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 fijó las comparecencias por mandato de la Sala de lo Penal, la cual vio necesario volver a llamar a Bousselham para que aclare si «consiente, tolera y acepta» que su antiguo jefe, Pablo Iglesias, tuviera acceso al contenido de su mini SD.
En el caso de Sa, el objetivo de su declaración sería «explicar algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y la recuperación de la tarjeta».
Mientras que de Pino se espera que indique si había alguna investigación policial en marcha que justificara la intervención del comisario José Manuel Villarejo en este asunto.
DESTRIPANDO LA MINI SD
García Castellón decidió dar por finalizada la instrucción de esta pieza separada número 10 de ‘Tándem’ el pasado 29 de enero, después de que la Policía Científica determinara que era técnicamente imposible esclarecer quién fue la última persona que accedió a la mini SD.
El juez encargó este informe policial el año pasado a fin de arrojar luz sobre cuándo, cómo y a manos de quién se produjeron los daños que dejaron inservible la tarjeta telefónica.
En 2020, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) pidiendo investigar al entonces vicepresidente y líder de Podemos por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
El instructor esgrimió entonces que la «única explicación posible» para los daños sufridos por la tarjeta telefónica es que se provocaran cuando estaba en poder del ex dirigente ‘morado’, a quien llegó, tras pasar de mano en mano, y meses después de recibirla se la devolvió a su legítima dueña.
El TS rechazó imputar a Iglesias y encomendó al magistrado que siguiera indagando, si bien una vez recibido el mencionado informe policial García Castellón entendió que las pesquisas habían llegado a punto muerto.
Así lo plasmó en un reciente auto donde desestimó un recurso de Vox que abogaba por mantener viva la investigación, interesando concretamente la imputación de Iglesias. Si no es posible «determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono», no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al ex jefe de Podemos, contestó.
¿UN OPERATIVO AL ESTILO ‘KITCHEN’?
Además, el juez se ha negado a reabrir las pesquisas para averiguar, como le pedía Iglesias en su propio recurso contra el final de la instrucción, si hubo una «investigación policial regular o irregular» respecto a la tarjeta telefónica de su antigua asesora, apuntando de esta forma a un operativo similar a ‘Kitchen’.
Con todo, el instructor ha decidido dar por terminada la investigación de esta pieza separada, anticipando que, de estas últimas declaraciones, en las que también participarán los autores del informe policial, no se derivarán nuevas actuaciones.
Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2015, cuando a la pareja de Bousselham le robaron el abrigo mientras estaban en el IKEA de Alcorcón con el teléfono móvil de ella dentro.
Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecieron en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenaban unas carpetas denominadas ‘DINA 2’ y ‘DINA 3’, que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
