ERC ha incorporado a la nueva ponencia del partido que se aprobará este domingo en la Conferencia Nacional una enmienda que plantea establecer en la mesa de diálogo «una metodología clara y un calendario acordado de reuniones que se pueda cumplir».
Así consta en el texto de la ponencia que actualiza la estrategia política de la formación afianzando su apuesta por el diálogo con el Gobierno para solucionar el conflicto catalán sin que haya cambios sustanciales en la línea seguida por los republicanos en los últimos años.
Este sábado, la Conferencia Nacional que se está celebrando en La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha rechazado con un 94,8% de votos en contra, 1,5% en blanco y 3,7% a favor la enmienda a la totalidad presentada por el sector crítico del partido denominado Col·lectiu Primer d’Octubre contra la ponencia, por lo que este domingo aprobará este documento.
El sector crítico presentó una enmienda a la totalidad a la estrategia del partido pero se rechazó de manera amplia en todos los congresos territoriales, pero en la Conferencia se ha votado y se ha rechazado la que se presentó en la federación de la ‘Catalunya nord’ porque en este territorio se están reestructurando los órganos del partido y no se pudo debatir, así que ha ido directamente al plenario.
REFUERZA LA VÍA NEGOCIADA
La ponencia que se votará este domingo, y que con toda probabilidad se aprobará con una amplia mayoría, renueva la estrategia de los republicanos reforzando la vía negociada con el Estado para solucionar el conflicto catalán, aunque plantea el «desbordamiento democrático» y la desobediencia si falla la mesa de diálogo con el Gobierno central.
El documento, que ha coordinado el exconseller y actual vicesecretario general de prospectiva y Agenda 2030 de ERC, Raül Romeva, y que lleva por título ‘Escrivim el futur republicà (Escribimos el futuro republicano), fija que «la mejor confrontación democrática es la mesa de negociación», aunque defiende la necesidad de trabajar para construir alternativas.
Así, plantea la desobediencia política y social y las «acciones de desbordamiento democrático» como posibles alternativas para lograr un referéndum, aunque no concreta cómo se deben llevar a cabo ni en qué deben consistir, al igual que tampoco detalla en qué momento ERC dará por fracasada la mesa de diálogo.
Además, reafirma la voluntad de ERC de gobernar el día a día desde la Generalitat, sitúa sus prioridades sectoriales y plantea los objetivos estratégicos que quieren alcanzar antes de 2030, en cuestiones como el refuerzo del estado del bienestar y la lucha contra el cambio climático, además de fijar el horizonte para la década de 2040.
ENMIENDAS INCORPORADAS
En total se presentaron 512 enmiendas a la ponencia, de las cuales 61 se aceptaron literalmente, 380 se transaccionaron, 11 decayeron por cuestiones de forma y 59 fueron retiradas, de manera que se han incorporado más de 400 enmiendas al texto definitivo sin que quede ninguna enmienda parcial viva.
Las enmiendas que se han incorporado al texto definitivo de la ponencia no modifican sustancialmente la estrategia del partido, aunque añaden algunos matices como la que pide una metodología y un calendario acordado en la mesa de diálogo, «así como también el retorno pertinente a la ciudadanía, y específicamente a la militancia, de los acuerdos fruto de la negociación».
Otra subraya que la mejor manera de solucionar el conflicto en Catalunya es combinando la negociación con el Gobierno con la «construcción de espacios de soberanía», y otra plantea apelar a la UE o a la ONU para hacer posible el referéndum.
Además, una de las enmiendas añadidas al texto advierte de que, si la negociación con el Gobierno no se concreta con avances tangibles, ERC no descarta «ninguna vía democrática y pacífica para la consecución» de sus objetivos.
A parte de estas, la mayoría de las enmiendas se centran en cuestiones sectoriales, reforzando los compromisos del partido en la lucha contra el cambio climático, la política territorial, la defensa del catalán y la voluntad de legislar para garantizar el derecho a la vivienda ante la «emergencia habitacional».