El informe redactado por la misión europea sobre los crímenes de ETA sin resolver se presentará en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo este próximo lunes 14 de marzo y recoge propuestas como que los posibles beneficios penitenciarios para presos de la banda terrorista sean supeditados a la colaboración con la Justicia o que los delitos no puedan prescribir al ser considerados de lesa humanidad.
Este informe, que desde el lunes contará con un plazo de enmiendas hasta el 24 de marzo, será posteriormente sometido a votación para su aprobación el 20 de abril.
El texto, incluye las propuestas de la delegación de eurodiputados que visitó España durante varios días el pasado mes de noviembre. Ya entonces explicaron que su compromiso era publicar un informe que atendiera a las demandas de colectivos de víctimas que se quejaban de los beneficios sin colaboración previa con la Justicia, los homenajes públicos conocidos como ‘ongi etorri’ o la negativa de algunos países a extraditar etarras huidos.
La misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viajó a España por petición de la asociación Dignidad y Justicia, y durante su estancia en España se reunieron con colectivos de víctimas y miembros de la judicatura y fuerzas de seguridad. Entre los españoles estaban Dolors Montserrat (PP), Maite Pagazaurtundua (Cs), Jorge Buxadé (Vox) o Cristina Maestre (PSOE).
IMPRESCRIPTIBLES O NO AMNISTIABLES
Entre las conclusiones destaca que se consideren los crímenes de ETA «imprescriptibles o no amnistiables», que se inste a las instituciones competentes a que los privilegios penitenciarios que puedan concederse a los condenados por terrorismo estén vinculados a su cooperación en la resolución judicial de los crímenes de ETA sin condena, entendiendo que lo anterior sería la demostración de un «verdadero arrepentimiento».
Se aboga por que todas las instituciones competentes eviten la exaltación pública de los terroristas condenados a su salida de prisión, los conocidos como ‘ongi etorri’, así como prevenir la humillación de las víctimas de ETA dentro de futuras reformas legislativas.
Entienden que se deben establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un acto terrorista concreto, ya que humilla a las víctimas y provoca una victimización secundaria dañando la dignidad y la recuperación de las víctimas.
Al hilo, proponen establecer garantías efectivas para evitar cualquier victimización derivada de la humillación y los ataques a la imagen de las víctimas, y reforzar los instrumentos jurídicos, para que sean eficaces y evitar la impunidad y la revictimización.
AUNQUE ESTÉ PRESCRITO
Sobre los crímenes de ETA sin condena judicial instan a propiciar una investigación con datos actualizados haciendo partícipe de ello al Ministerio Público y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más allá de si se trata de delitos prescritos. El objetivo sería que las todas las víctimas sean informados del resultado de tales investigaciones, aunque no desembocaran en reproche penal.
En este sentido, incluyen cambios en el Código Penal que refuerce las posibilidad de condenar a los dirigentes de ETA por ser instigadores de los atentados terroristas.
Proponen los miembros en el informe que se cree una «comisión de juristas» que realice un listado actualizado con los nombres de todas las víctimas asesinadas por ETA que no han recibido justicia, y que la Audiencia Nacional comunique «la situación procesal» a todas las víctimas.
Ven necesario «garantizar que todas y cada una de las familias de los casi cuatrocientos asesinatos impunes de ETA sean notificados personalmente y a la mayor brevedad posible de cualquier cambio en el estado de su causa judicial y de la situación personal y penitenciaria de los autores».
INFORMANTES ANÓNIMOS
También proponen que se haga un llamamiento desde las instituciones a quien tenga información, para que la facilite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma «confidencial, protegida y anónima» sobre casos sin resolver, y entienden que Europol y el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo se deben implicar en esa resolución.
Por otro lado, en el contexto de las directivas europeas, el informe insta a revisar la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, y a que en el marco de la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025), se garantice que «todas las víctimas de todos los delitos, sin importar en qué lugar de la UE o en qué circunstancias se haya producido el delito, puedan hacer valer plenamente sus derechos».
Piden además que se trasponga en todos los países la directiva 2017/541 el fin de mejorar eficazmente la asistencia y la protección proporcionadas a las víctimas del terrorismo y evitar una mayor victimización derivada de la humillación de la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el autor del atentado.
ACCIONES INTERNACIONALES
Por otro lado, indican que a nivel internacional se recomienda promover y reforzar la cooperación de la Unión Europea con terceros países en la lucha contra el terrorismo para evitar que estos crímenes queden impunes. Y reiteran que es necesario un plan de acción a nivel internacional para combatir el terrorismo y de continuar reforzando los recursos humanos y materiales dedicados a la resolución de crímenes no resueltos.
Apuntan que es necesario asimismo garantizar que ninguna víctima del terrorismo que no haya recibido justicia pueda ser olvidada o rechazada. «La verdad, el recuerdo y la paz deben acompañar a la justicia para proteger la dignidad de las víctimas», añaden.
