La Conselleria de Sanidad ha solicitado la autorización judicial para prorrogar hasta el 16 de marzo la obligación de presentar el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica o un certificado de recuperación de la COVID-19 para el acceso a las residencias públicas o privadas de servicios sociales en la Comunitat Valenciana.
Según la orden publicada por la Generalitat, que entrará en vigor cuando lo autorice el TSJCV, el requisito es para todas las visitas y las personas ajenas a las residencias que sean mayores de 12 años, incluida esa edad. Esta restricción ya estaba vigente y acababa este lunes.
El certificado debe estar emitido por un servicio público de salud o por un laboratorio oficial autorizado, acreditando la pauta completa de vacunación (pasaporte COVID), una prueba diagnóstica negativa (en las últimas 72 horas en el caso de las RT-PCR y en las últimas 48 horas en los test de antígenos) o la recuperación de la COVID-19 en los últimos seis meses.
En la entrada de las residencias, en una zona visible, setiene que colocar un cartel que informe de la obligación de presentar estos documentos ya sea en papel o en soporte digital, así como que los datos personales no se conservan.
Para el cumplimiento de la resolución, Sanidad pide la colaboración de la Delegación del Gobierno y de los ayuntamientos valencianos, a través de las fuerzas de seguridad.
En la resolución, firmada por la consellera Ana Barceló, se justifica la prórroga porque «todavía hay sectores de la población que siguen siendo vulnerables y pueden desarrollar cuadros graves» por coronavirus, con lo que se considera conveniente mantener la restricción «mientras no haya un descenso del nivel de transmisión comunitaria que permita su relajación definitiva».
