La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y más de 30 organizaciones se han concentrado este domingo en la Plaza de la Provincia de Madrid para exigir «soluciones urgentes» contra «la pobreza energética».
La movilización clausura los esfuerzos colectivos de toda una semana de acciones y eventos destinados a visibilizar este «problema» y, sobre todo, plantear propuestas para atajar esta situación de «extrema urgencia». ‘La pobreza energética mata’ y #NadieSinEnergía son los lemas bajo los que se han desarrollado decenas de acciones durante la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética.
Según las organizaciones, la crisis económica derivada de la pandemia agrava aún más la situación. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado datos de la ‘Estrategia nacional contra la pobreza energética’ y cifra entre el año 2019 al 2020 un aumento de la población que sufre condiciones de temperatura inadecuada en la vivienda en invierno, que pasa del 7,6% al 10,9%; así como un aumento del retraso en el pago de facturas, que pasó del 6,6% al 9,6%.
A esto hay que añadir que a partir del 28 de febrero finaliza la medida excepcional del «escudo social» de prohibición de corte de suministro por impago para cualquier contrato de suministro eléctrico en vivienda habitual con potencia hasta 10 kW.
Así, se restablecen los plazos de dos meses desde la notificación del primer requerimiento de pago para que la comercializadora pueda solicitar a la empresa distribuidora la suspensión del suministro de electricidad. En caso de consumidores vulnerables acogidos al bono social, el plazo se amplía a un total de 10 meses, pero solo beneficia a 1,16 millones de familias.
Según las asociaciones, es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas.
Para ello, exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos.
La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y del bono térmico, que según las organizaciones, excluye a millones de consumidores que sufren pobreza energética. Además, recuerdan que la Cañada Real lleva 500 días sin luz sin «ninguna explicación coherente».
REIVINDICACIONES
Las asociaciones reivindican una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos de energía de manera limpia y sostenible; la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas sin la implementación del principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas, cumpliendo con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
También piden la aplicación de medidas para la eficiencia energética y contra el despilfarro, priorizando a los hogares en situación de vulnerabilidad; que la tarifa social vaya acompañada de medidas que eviten que las viviendas sean un sumidero por el que se escapa la energía, dejando su efectividad sin efecto real.
Asimismo, demandan que se elabore un plan de acción para abordar un aislamiento adecuado y una calefacción sostenible con bombas de calor, que deben ser considerados como servicios básicos y obligatorios tanto para las viviendas en alquiler como en propiedad.
Del mismo modo, consideran que la inversión pública y local en este proceso y el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas deben ser prioritarias, porque la energía comunitaria es una herramienta con gran poder para reducir la pobreza energética y otorgar soberanía energética a la sociedad.
