La Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha solicitado a la Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Melilla que revisen la práctica de ordenar expedientes de expulsión de España a «ciudadanos residentes con problemas documentales», ya que por temor devueltos a Marruecos «no acuden a ninguna de las administraciones para realizar los trámites necesarios para ejercer el derecho a la educación de sus hijos o el acceso a la sanidad».
La federación que aglutina a las asociaciones musulmanas de la ciudad española del norte de África ha señalado que «esta práctica tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la víctima y crea un colapso social que imposibilita la propia gestión de solicitud de expediente de residencia, por parte del residente con problemas documentales».
A juicio de la entidad que presidente Hassán Laboudi, este temor a que se les abran expedientes de expulsión, como asegura un portavoz que ha ocurrido con la escolarización de niños indocumentados durante estos últimos años, daña gravemente la concepción del derecho a presentar su caso, «afectando esta imposibilidad seriamente la convivencia, por lo que solicitamos la paralización de toda gestión de sanción administrativa, mientras se proceda al proceso de presentación y estudio del caso a caso».
Por último, CIM ha lamentado la ralentización de las gestiones propias de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno de Melilla «por estar realizando su personal, otras gestiones relacionadas con las tareas administrativas concernientes a los Planes de Empleo».
