La Plataforma cívica de apoyo al restablecimiento de la luz en la Cañada Real ha desplegado este jueves una pancarta de 15 metros en el puente de Nuevos Ministerios, en Madrid, en la que acusan a la empresa Naturgy de «vulnerar» sus «derechos humanos».
«Naturgy vulnera derechos humanos», reza la pancarta colocada en el céntrico Paseo de la Castellana, junto con las etiquetas ‘#LuzParaLaCañada’ y ‘#500DíasY500Noches’, en alusión al año y cuatro meses que llevan sin luz unos 4.000 vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana, 1.800 de ellos niños y niñas.
Desde la Plataforma reclaman soluciones a este «desastre humanitario» y piden contratos. «Ya son más de 500 días evadiendo responsabilidad de actuación, provocando una situación insostenible en los hogares de la Cañada», denuncian.
Esta plataforma cívica se constituyó el pasado mes de octubre de 2021, integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil junto con las asociaciones vecinales de Cañada Real, y desde ellas, han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una solución «urgente».
A lo largo del pasado año, los vecinos de la Cañada Real no han parado de denunciar su situación ante la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y de Rivas y ante el Gobierno de España, a través del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; y se han manifestado al grito de ‘Luz para la Cañada’ ante las distintas administraciones y empresas implicadas.
También presentaron una solicitud de contratos a UFD, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Naturgy. En su respuesta, la compañía precisaba que UFD está «en disposición de atender todas las peticiones de conexión a su red de distribución que vayan acompañadas de la documentación que exige la legislación».
En este sentido, la compañía aseguraba que está «plenamente implicada en colaborar en la resolución del problema, siempre dentro de sus limitadas competencias y del estricto cumplimiento de la legalidad vigente».
Además, en 2021, España recibió varias llamadas de atención por parte de la ONU por la situación en la Cañada Real Galiana. A principios de febrero de 2021, el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, advirtió de que lo que está ocurriendo en la Cañada Real es «una catástrofe humanitaria» y afeó al Gobierno español que no se hacía «responsable» del problema, añadiendo que «lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno».
Desde la Asociación de Mujeres Tabadol, en representación de los vecinos del Sector 6 de la Cañada Real, elevaron este año una petición al Parlamento Europeo denunciando la vulneración de derechos humanos que sufren por los cortes de luz; y el grupo municipal de Más Madrid también denunció la situación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Por su parte, el exdefensor del Pueblo en funciones se despidió de su cargo el pasado mes de noviembre con una resolución de 10 páginas manifestando su «grave preocupación» por la situación. Igualmente, su sucesor, Ángel Gabilondo, se ha reunido ya con el Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea, para instarle a que se concreten, cuanto antes, las medidas para resolver la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real donde, a su juicio, se vive una situación con «dimensiones de emergencia humanitaria».
Asimismo, el pasado 8 de febrero, Gabilondo se reunió con la Plataforma cívica de apoyo al restablecimiento de la luz en la Cañada Real para analizar la situación de las más de 4.000 personas en situación vulnerable, personas mayores, enfermos crónicos y menores, que residen en la Cañada Real y que afrontan su segundo invierno sin luz.
HOJA DE RUTA: REALOJO DE 160 FAMILIAS
Desde el Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana –órgano que conforman la Delegación del Gobierno, los tres ayuntamientos por los que discurre este camino donde se ubica el asentamiento (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid) y el Ejecutivo autonómico– se fijó a mediados de noviembre una hoja de ruta con 21 actuaciones que incluye el realojo de 160 familias del Sector VI, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones.
El pacto entre las administraciones contempla que el Sector VI vaya desapareciendo progresivamente, motivo por el que se está procediendo al realojo de las personas que viven allí. En este sentido, prevén que durante los dos próximos años se habrá reubicado a «más de 300 familias, lo que supone el 30% del total».
Además, por parte del Gobierno se dieron algunos pasos en 2021 como el impulso desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de un plan para dar una solución «integral y permanente» para la Cañada Real de Madrid, al que comprometerá la aportación de los recursos económicos necesarios, en colaboración con el resto de administraciones públicas implicadas.
Asimismo, el Gobierno aprobó a finales de noviembre, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 5 millones de euros para los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para destinar al plan de realojo de las familias en situación de vulnerabilidad extrema de la Cañada Real Galiana.
También desde el Gobierno, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, el pasado 12 de diciembre, urgió a la Comunidad de Madrid a actuar ante el frío en la Cañada Real Galiana hasta que se produzcan las reubicaciones, con acciones como el refuerzo de espacios con calefacción y agua caliente, aunque insistió en que la solución definitiva «pasa por los realojos».
