Organizaciones del movimiento asociativo del pueblo gitano han comparecido este miércoles ante la subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo, en donde han reclamado una revisión del racismo que la comunidad sufre a través de las redes sociales y la adaptación de políticas educativas, de empleo o de inclusión, a la realidad cultural del pueblo.
Así, el presidente de Unión Romaní y exdiputado Juan de Dios Ramírez, ha llamado la fijarse en dos vertientes a la hora de redactar medidas para ese Pacto por el Antigitanismo: el racismo institucional y el social.
Ramírez ha denunciado el antigitanismo que se practica desde las instituciones puesto que, según ha recordado, son estas las son «dueñas» de organismos y sectores desde los que se ejerce la discriminación, aunque, según ha apuntado, en ocasiones se produzca «de forma inconsciente».
En cuanto al racismo social, el presidente de Unión Romaní ha destacado la necesidad de poner el foco en las redes sociales, unas herramientas que, a su juicio, «se han cargado la libertad del ser humano» con «apretar solo dos o tres botones». «Emplazo a sus señorías a estudiar de qué manera se puede combatir», ha declarado Ramírez.
Del mismo modo, se ha referido a la nueva Ley de Educación y ha celebrado que se haya incluido la historia del pueblo gitano en el currículum de la ESO y lo ha celebrado, así como otro de los comparecientes durante la sesión, el director de la Federación de Asociaciones Gitanas Catalanas, Pedro Aguilera, quien ha señalado la «importancia» de la Educación en materia de discriminación.
FALTA DE REPRESENTACIÓN
Aguilera ha citado el informe Foessa para indicar que la exclusión de los gitanos, en relación con la sociedad en general, es de más de 40 puntos y que esta diferencia es mayor en materia de empleo, Educación o política.
Sobre este último aspecto, Aguilera ha señalado que, de los más de 1.800 escaños que hay en los parlamentos españoles, solo hay tres personas gitanas que, además, tal y como ha indicado, estaban presentes en la sala del Congreso: la diputada socialista Beatriz Carrillo de los Reyes, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez, y el representante de Unidas Podemos Ismael Cortés.
Un mayor diálogo entre los diputados y la sociedad civil, más ayuda a la labor del Tercer Sector que trabaja con el pueblo gitano, adaptar la garantía juvenil a la realidad de los jóvenes gitanos, trabajar en las cláusulas sociales en la Administración Pública o incluir el antigitanismo como delito de odio en el Código Penal, son otras de las propuestas del director de FAGIC.
MEDIDAS ADAPTADAS
De forma similar se ha expresado la subdirectora general de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Teresa Suárez, quien ha llamado a crear «nuevos itinerarios» para evitar el abandono escolar de los niños gitanos, que se impulsen más oportunidades de garantía juvenil o se proteja la venta ambulante, entre otras «oportunidades reales», según ha indicado.
Suárez también ha denunciado el racismo que viven los gitanos en redes sociales. «El antigitanismo es el tercer motivo de odio más reportado» en estas herramientas, según ha apuntado, para señalar que «queda un gran camino» para que se cumpla el mandato constitucional de la Igualdad de trato.
La representante de Fundación Secretariado Gitano también se ha referido a la necesidad de incluir el antigitanismo en el Código Penal y ha propuesto la creación de una autoridad estatal independiente que tenga capacidad de emitir informes y representar a las víctimas ante la Justicia en casos emblemáticos, crear condiciones que garanticen la participación de los gitanos en el ámbito política o social, o velar por la cultura del pueblo, entre otras medidas.
