La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha pedido este martes la dimisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, por su actuación durante la votación de la reforma laboral, que salió adelante el pasado 3 de febrero por el error del ‘popular’ Alberto Casero.
Según ha informado Vox, Olona ha exigido la salida de Batet durante la reunión de la Junta de Portavoces, que ha tenido lugar justo después de que la presidencia diera por zanjada la citada polémica en una declaración ante los medios de comunicación.
Batet ha comparecido después de que la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, haya tumbado los escritos de protesta del PP por aquella votación amparándose en un informe de los letrados que concluye que se actuó conforme a derecho en todo momento.
La presidenta ha dado por zanjado el asunto, ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara y ha avisado de que cuestionar a los servicios jurídicos «sin razonamiento o justificación» es «atacar la legitimidad del Congreso».
SE VULNERARON DERECHOS
Antes de que Olona pidiera su dimisión en la Junta de Portavoces, el vicepresidente cuatro de la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, en la reunión de este órgano, había expuesto los argumentos de su grupo en contra del informe los letrados que avalan la actuación de Batet.
Según Gil Lázaro, se impidió a Casero «poder ejercer su derecho al voto» en los términos que se correspondían con «el sentido exacto de su voluntad», con lo que se «alteró la voluntad final de la Cámara» y se vulneraron las normas del Congreso.
Además, sostiene que Batet asumió para sí funciones que no le correspondían a ella sino a la Mesa, a la que no reunió para estudiar la petición de Casero de cambiar su voto telemático por presencial, y que además, «dio una información falsa al Pleno» cuando dijo que el órgano de gobierno de la Cámara había analizado el asunto. Gil Lázaro remarca que a él nadie le dijo nada en ese momento.
EL VOTO PRESENCIAL ES «INEMBARGABLE»
El vicepresidente cuarto defiende que la cuestión «esencial» no es si hubo o no error técnico en el voto de Casero, sino que se le «impidió expresar de forma inequívoca su voluntad de voto». A su juicio, optar por el voto a distancia no anula definitivamente su «derecho inembargable» a cambiar al presencial antes de que el voto telemático «se perfeccione», es decir, que se proclame el resultado de la votación por parte de la presidenta.
En definitiva, para Vox se ha producido una «gravísima violación» del derecho de Casero a manifestar su sentido de voto de conformidad con su voluntad real y de modo consecuente, se ha alterado la voluntad de la Cámara en la convalidación del decreto de la reforma laboral, que hubiese «sido derogado de haberse respetado el ordenamiento jurídico vigente y actuado por parte de la Presidencia con un estricto sentido objetivo y arbitral».
«Todas estas vicisitudes acaecidas actúan en un indeseable desdoro de la institución porque es inevitable que una parte de la sociedad española pueda alentar la sospecha de si este incidente se hubiera resuelto en los mismos términos de afectar al voto de un diputado de los que el día 3 de febrero querían votar favorablemente a la convalidación del Real Decreto Ley objeto del litigio», afirma Gil Lázaro.
LLEGAR HASTA EL FINAL
También el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha rechazado los argumentos de Batet y ha denunciado que ella hable de «atacar la legitimidad del Congreso» después de que el Tribunal Constitucional rechazara su decisión de cerrar el Parlamento durante el primer estado de alarma.
«Lo dice una señora de un partido que conforma Gobierno desde un fraude electoral masivo porque dijeron que no pactarían con Bildu y separatistas, la que cerró el Congreso en el primer estado de alarma, el partido que metió en su casa a 47 millones de españoles de manera inconstitucional», ha censurado.
Por ello, ha avisado de que Vox llegará hasta el final en este y en todos los asuntos que afectan al Gobierno, incluso cuando PSOE y Unidas Podemos ya no estén en el poder. «Estos señores se tienen que ir a su casa y esperar la querella», ha insistido.
