La comunidad autónoma de Castilla y León vuelve a las urnas este domingo, 13 de febrero, más de dos años y medio después de las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, celebradas entonces junto a las municipales, con la incógnita del reparto de los 81 procuradores –los escaños del Parlamento autonómico– que están en juego por las nueve circunscripciones y que conformarán la XI Legislatura.
El Parlamento de la corta X Legislatura –es la primera que no ha llegado a su fin ya que es la primera vez que Castilla y León celebra elecciones por adelantado y, además, en solitario– también estuvo formado por 81 procuradores tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2019, cuando alcanzó 35 procuradores, frente a 29 de PP, doce de Ciudadanos, dos de Podemos-Equo y uno de UPL, Por Ávila y VOX –estas dos últimas formaciones desembarcaron en las Cortes de Castilla y León por primera vez en los anteriores comicios–.
La composición final del Parlamento de la X Legislatura se dirimió tras aclarar días después un «desfase en el voto» en cinco mesas electorales en León –se presentó un recurso contencioso electoral en León–. En la noche electoral del 26 de mayo de 2019 el recuento inicial dio trece procuradores a Ciudadanos, con los que sumaba 42 con el PP, y sólo uno a Podemos, por Burgos.
De hecho, el actual candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que se presentó en 2019 por León, se había quedado fuera de las Cortes en el recuento de esa noche electoral e, incluso, de los votos CERA, pero esa revisión del desfase en cinco mesas de León le permitió mantener su acta de parlamentario en detrimento de Ciudadanos, que se quedó definitivamente con doce escaños.
Finalmente, Partido Popular, con 29 procuradores, y Ciudadanos, con doce del recuento final, consiguieron gobernar en coalición tras lograr la mayoría absoluta que se situaba de hecho en los 41 escaños que sumaron.
Sin embargo, esta mayoría absoluta se perdió hace ahora casi un año, el 19 de marzo de 2021, cuando, a tres días del debate de la moción de censura del PSOE a Alfonso Fernández Mañueco, también inédita en la historia de Castilla y León, la salmantina María Montero dejó las filas de la formación naranja para pasar a la condición de procuradora no adscrita.
La marcha de María Montero dejó entonces al Grupo Parlamentario Ciudadanos con once escaños, que obligó al Gobierno en coalición a buscar aliados entre los cinco integrantes del variopinto Grupo Mixto, conformado por dos representantes de Unidas-Podemos y por uno de UPL, VOX y Por Ávila, formación escindida del PP con la que salió adelante el techo de gasto de 2022 o el rechazo de todas las enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos de la Comunidad para este año que finalmente no vio la luz.
De hecho, las negociaciones para sacar adelante el presupuesto de 2022 –se negociaban las enmiendas parciales– provocaron las principales discrepancias entre los socios de gobierno lo que derivó en la decisión del presidente de disolver las Cortes y adelantar las elecciones ante la posibilidad, ha argumentado en todo momento el presidente, de una segunda moción de censura –los socialistas podían volver a registrar esa opción en marzo–.
