El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, julio Pérez, ha señalado este viernes que el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados «es malo» por lo que ha exigido al Gobierno central que se impulsen cambios legislativos y normativos.
En una comparecencia en comisión parlamentaria ha detallado que en las islas hay medio centenar de centros que atienden actualmente a más de 2.800 menores y aunque están «desbordados» porque no preveían que llegaran tantos a las islas ha negado que haya «hacinamiento» pues están provistos de todos los servicios.
Pérez ha admitido que el sistema de voluntariedad entre comunidades autónomas no funciona, pues apenas se han derivado poco más de 200 y una comunidad como Madrid, con más recursos, solo ha acogido a cinco.
Por ello, reclama un criterio de «gestión compartida» en el que tienen que participar el Gobierno central y la UE dado que, aunque Canarias sea ‘región frontera’, no tiene por qué absorber toda la atención de los menores.
Ha señalado que la migración «es uno de los problemas más graves de la sociedad canaria» y la mala situación política, económica y social que se vive en gran parte del continente africano no parece que vaya a cambiar la situación en la ruta canaria.
Ha comentado que la guardia civil tiene «efectivos suficientes» para atender a la llegada de embarcaciones pues la mayoría son interceptadas y llevadas a puerto y ha dicho, ante las críticas de la oposición, que el Mediterráneo no está blindado pues el año pasado registró el 46% de las llegadas.
Pérez ha valorado que el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, haya reconocido que hay que cambiar el modelo, subrayando que así se ha hecho con los adultos, pues de los más de 23.000 que llegaron el año pasado a Canarias quedan en las islas poco más de 3.000.
«CADA VEZ LLEGAN MÁS PERO SE QUEDAN MENOS»
«Cada vez llegan más pero cada vez se quedan menos, hace año y medio discutíamos eso y ahora se va el 85%», ha destacado.
Además, ha negado que el Gobierno canario haya tenido una «actitud sumisa y de entrega», al contario, ha tenido «exigencia» de que se respeten las normas y de hecho, «ha producido efectos» con la movilidad de los adultos.
Oswaldo Betancort, del Grupo Nacionalista, ha advertido de que las cifras de llegada de migrantes a Canarias «se disparan» y generan «imágenes catastróficas» en una de las rutas migratorias «más mortíferas» del mundo.
Ha reconocido que el Gobierno canario «está desbordado» porque no ha sido «consciente» de la crisis que se avecinaba, ha acusado al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, de «no coger el teléfono», y pedir fondos para que los ayuntamientos puedan costear la retirada de pateras de las playas.
Ha lamentado la falta de medios en los servicios de rescate y salvamento y que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, «no de la cara», si bien sí ha agradecido el cambio de posición del Ejecutivo de empezar a exigir ayuda al Gobierno central.
«Me alegro de que estén lanzando el SOS porque hasta ahora hemos sido sumisos», ha agregado.
CS RECLAMA MÁS MEDIOS
Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que las nuevas rutas parten desde Marruecos y están llegando lanchas neumáticas «más frágiles y peligrosas», con lo que aumentan los fallecimientos, de ahí que pida «más medios» al Gobierno central.
Ha señalado que están creciendo las llegadas de mujeres y menores y el sistema de rescate «presenta fallos» y cuenta con pocos medios, y aunque no hay «saturación» en los centros de acogida sostiene que Canarias no va poder aguantar mucho más.
Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el comportamiento del Gobierno central «es inaceptable y un error» porque, junto a la UE, dan un trato a las islas que no se merecen pues el año pasado murieron más de 4.000 personas y en las islas hay casi 3.000 menores en tutela.
Ha destacado que el Gobierno canario «hace casi milagros» para atenderlos por falta de espacios adecuados y exigido que se legisle para que la atención a los menores migrantes «sea compartida» y no dependa de la voluntariedad.
Francisco Déniz (Sí Podemos) ha lamentado que la calidad de vida en África empeora por guerras y hambrunas, especialmente en la zona occidental, y entiende que los medios para atender a la travesía «siempre van a ser escasos».
No obstante, ha indicado que hay que ser «firmes» y «elevar el tono» para clarificar y aumentar competencias dado que Canarias «es la puerta de entrada» a la UE, si bien sí ha dicho que «es un exito» que se permita el tránsito de las personas a la Península y el resto del continente.
En cambio, ha demandado una «política más decidida» para garantizar la distribución de los menores y que se puedan supervisar las condiciones en que las ONG atienden a los migrantes.
Luis Campos, portavoz de NC, ha reclamado una «política propia» en materia migratoria sin asumir competencias que no son propias, pero sí evaluar si es adecuada la acogida, si hay que tener en exclusiva a los menores o si los medios de rescate son adecuados.
En ese sentido, ha indicado que el Estatuto es una «herramienta fundamental» y por ello ha valorado que la crisis migratoria forme parte de la próxima comisión bilateral Canarias-Estado.
REVERÓN (PP): «¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO PARA INTERVENIR?»
Luz Reverón (PP) ha dicho que el debate migratorio en los últimos años «ha sido estéril» porque al Gobierno el repunte migratorio «le cogió con el pie cambiado», como demuestra el ‘hacinamiento’ en el muelle de Arguineguín, y la situación se agrava.
La diputada popular se ha preguntado «a qué espera el Gobierno para intervenir» y ha pedido al Ejecutivo canario «que no siga mirando para otro lado ante la grave crisis humanitaria que vive Canarias».
Teresa Cruz (PSOE) ha dicho que la migración no puede ser «una política de trincheras y cortoplacista» y entiende que la pandemia, la crisis humanitaria de África, las relaciones con Marruecos y el desvío de rutas están aumentando las llegadas a las islas.
Ha pedido a la oposición «arrimar el hombro y buscar soluciones» y que se modifique la ley de extranjería para que haya un «reparto solidario» de los menores migrantes, al tiempo que ha afeado al PP que se «desmantelara» la red de acogida del archipiélago.
