Baleares entrega este lunes sus alegaciones a la propuesta de cálculo de la población ajustada, uno de los elementos del sistema de financiación autonómica, para el que la región solicita tener en cuenta las necesidades de gasto que genera la población flotante y las diferencias de precios entre Comunidades que afectan a la prestación de servicios públicos.
Así lo ha anunciado la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern balear, Rosario Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.
El Govern insiste en que se tengan en cuenta las necesidades de gasto que genera la población flotante debido al peso de turistas, trabajadores de temporada y personas con residencia en la Comunidad balear, ya que actualmente sólo se tiene en cuenta la población empadronada.
«La población flotante también es potencial usuaria de servicios públicos y tiene un importante componente de estacionalidad en Baleares», ha remarcado. Desde el Govern han resaltado que la población prácticamente se duplica en Baleares los meses de julio y agosto.
Igualmente Baleares quiere que se tenga en cuenta el aumento de población en los archipiélagos, muy superior al del conjunto del Estado.
Para la consellera, «llama la atención» que se ponga el foco en la despoblación «y no en las Comunidades con un crecimiento intenso, que genera cuestiones no menos significativas y también riesgos de sostenibilidad económica, social y medioambiental». En esta línea, ha considerado que «probablemente el sistema de financiación autonómica no sea el origen ni la solución a un problema mucho más amplio como es la despoblación».
Así, ha argumentado que tanto este incremento poblacional como el efecto de la población flotante «llevan asociados costes de congestión», porque las Comunidades deben «hacer un esfuerzo adicional para dar cobertura en cuanto a capacidad instalada y también en la previsión de capacidad necesaria».
En cuanto a los precios, Baleares plantea que se consideren las diferencias entre Comunidades y su efecto sobre la provisión de servicios. Para ello propone una serie de indicadores, como por ejemplo, el precio del suelo o de la vivienda, «que tienen un efecto sobre el coste de los servicios públicos y la infraestructuras, así como la demanda de éstos, especialmente en materia social».
Igualmente, Baleares también pide una revisión y actualización de la variable de insularidad «como generadora de gasto», de una manera «más profunda» y como factor dinámico y no estático. Entre otros aspectos, la consellera Sánchez ha destacado los efectos de la «pluriinsularidad» y «el coste de prestar servicios en un territorio discontinuo y fragmentado».
Asimismo, la consellera ha apuntado que actualmente esta variable se distribuye en función de cómputos kilométricos y el Govern cree «que también tendría que tener en cuenta la población».
OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
Estas alegaciones se centran únicamente en uno de los elementos del sistema de financiación, la propuesta de cálculo de la población ajustada. Sin embargo, el Govern ha aprovechado el trámite para incluir otras consideraciones sobre el nuevo sistema de financiación en general.
En este punto, la consellera ha defendido que el sistema «tendría que estar más basado en la capacidad tributaria» y fomentar la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades, respetando el principio de ordinalidad y «sin renunciar a la solidaridad».
También ha reclamado un «reequilibrio vertical de recursos entre el Estado y las comunidades, para plantear una mayor aportación de recursos a las comunidades y garantizar la suficiencia de financiación de los servicios públicos»; y una «condonación o compensación de la deuda pública generada por un aumento de las necesidades de gasto superiores a los recursos de las comunidades y a la infrafinanciación, proveniente sobre todo del modelo anterior aprobado en 2002».
La consellera ha señalado en que estas alegaciones son fruto de las reuniones que el Govern ha mantenido con grupos políticos y agentes económicos y sociales.
