La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Ana Cárcaba, ha puesto de manifiesto la «discrepancia plena» con el Gobierno estatal en lo referido al modelo de financiación autonómica desde el propio planteamiento de partida, consistente en «definir un modelo no basado en necesidades de gasto en términos homogéneos y se centra en un modelo de reparto de recursos que en realidad no analiza necesidades ni garantiza la suficiencia de recursos, todo ello basándose en criterios de sencillez».
Cárcaba ha informado este lunes a la Mesa de Financiación de las valoraciones y propuestas presentadas por el Gobierno del Asturias al documento remitido en diciembre por el Ministerio de Hacienda sobre el cálculo de la población ajustada en el marco de la futura reforma del sistema de financiación autonómica.
La respuesta destaca la necesidad de definir un modelo basado en las necesidades de gasto, cuestión que no se refleja en el texto recibido, y de crear un fondo específico adicional para las comunidades afectadas por la despoblación.
En sus valoraciones, el Principado asegura que la propuesta del Estado «dista del planteamiento autonómico», ya que no se analizan las necesidades de gasto, sino que se distribuyen recursos en función de determinados indicadores, ni se define la cartera de servicios a financiar.
Cárcaba, que ha estado acompañada por la directora general de Finanzas y Economía, Mar García Salgado, también ha comunicado a los grupos que el Principado considera que el documento remitido «no constituye una propuesta de reforma que permita hacer valoraciones, sino que se trata de un informe técnico, centrado en la población ajustada, y que prácticamente no concreta ninguna propuesta.
Por ello, la consejera cree necesario conocer todos los elementos del modelo que se plantea y que, antes de establecer cualquier base de cálculo, las comunidades sepan el volumen de recursos que se va distribuir. Asturias también considera «vital» que el Estado incremente esos recursos, ya que el actual sistema «ha demostrado ser insuficiente».
El Gobierno de Asturias, en su lugar, aboga por dar mayor importancia al peso de los gastos sanitarios en el nuevo modelo debido a que los recursos actuales son «claramente escasos». En cuanto al ámbito educativo, defiende la introducción del gasto universitario y tomar en consideración el número real de alumnos. No obstante, cree que la financiación de la etapa de 0 a 3 años debería abordarse con un fondo específico en función del alumnado potencial, ya que la situación entre territorios resulta heterogénea.
Por su parte, en lo relativo a los servicios sociales se apuesta por dar más peso a la población mayor y mantener la financiación del sistema de la dependencia, al margen del modelo. Para el resto de servicios, «no se considera adecuado un reparto en función de la población».
El Principado también juzga «fundamental» dotar de mayor peso a las variables no poblacionales. Así, valora como «muy positiva» la introducción de los costes fijos, pero cree que la dispersión debería ganar importancia y que también debería tomarse en consideración el sobrecoste de la orografía en la prestación de todos los servicios.
La respuesta del Gobierno de Asturias recoge también los objetivos del acuerdo que firmaron en junio de 2020 la mayoría de los partidos con representación en la Junta General –todos a excepción de Vox–, así como del documento suscrito por las ocho comunidades que se reunieron en noviembre en Santiago de Compostela y definieron una serie de principios comunes.
