La ONU ha alertado de que la Justicia española está aplicando medidas discriminatorias por cuestión de género en casos de maltrato y abusos a menores, como el Síndrome de Alienación Parental (SAP), y le reprocha que no esté aplicando correctamente el interés superior del niño.
Lo hace a través de un documento redactado por los relatores especiales de Naciones Unidas en materia de salud física y mental; tortura y otros tratos o penas crueles y de violencia contra la mujer, en el que se refieren a un caso ocurrido en España en el que una madre denunció (en 2019) maltrato y abuso sexual sobre su hija de 6 años por parte de su padre y violencia de género contra ella misma.
El relato recoge el proceso vivido por madre e hija que incluye informes médicos sobre la niña –con lesiones e infecciones en boca y genitales– y evaluaciones de servicios sociales y psicológicos ante los que la menor realizó un relato sobre el comportamiento de su padre compatible con el abuso sexual. En base a este relato, el colegio en el que estudiaba la menor también interpuso una denuncia.
La ONU critica que, durante el proceso, no se concediera la orden de alejamiento reclamada por la madre, tanto para ella como para la menor y que, aunque el Informe de Valoración Policial del Riesgo determinara que madre e hija estaban en «alto riesgo» de violencia, se mantuviera el régimen de visitas de la niña a su padre.
GUARDIA Y CUSTODIA PARA EL PADRE
También critica que se mantuviera esta situación a pesar de que la menor siguió denunciando los abusos de su padre en el colegio; de que durante las videollamadas que este le hacía –incluidas en el régimen de visitas– la menor sufría ansiedad, se orinaba encima o se producía autolesiones por rascado; y que en los informes médicos se detectara un engrosamiento difuso de pared de la vejiga urinaria, característica de una cistitis crónica, una patología rara y anormal en la infancia que es compatible con los abusos.
Tal y como recoge el escrito, en el contexto del procedimiento de divorcio, la madre volvió a solicitar una suspensión de las visitas y de las videollamadas, en la cual recibió el apoyo del Ministerio Público. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el juzgado.
Un año más tarde (en 2020), la niña fue examinada por peritos especialistas en lenguaje gestual, que en su informe concluyeron que decía la verdad sobre los abusos sexuales de su padre. Pero en 2021, la investigación penal fue archivada al concluir que el relato de la niña no tenía verosimilitud y en la sentencia de divorcio, ese mismo año, se otorgó la guardia y custodia de la niña al padre y se estableció un régimen de visitas a la madre.
«En la sentencia, aunque se reconocieron los antecedentes de violencia de género contra la madre, se argumentó que esto no impediría que la custodia paterna fuera beneficiosa para la niña, ya que anteriormente no se habían dictado órdenes de alejamiento en favor de la niña. Finalmente, se concluyó que la madre obstaculizaría los contactos paterno-filiales, lo cual estaría contra el interés de la niña», explica la ONU.
INTERPRETACIÓN BASADA EN PREJUICIOS DE GÉNERO
Los expertos de Naciones Unidas denuncian en su informe, que los «operadores de justicia» de España hace una «interpretación discriminatoria de la legislación nacional» que, a su juicio, está «basada en prejuicios y estereotipos de género».
«Nos preocupa en particular que esta interpretación discriminatoria fundamente no sólo los análisis de los operadores de justicia sino también de los trabajadores sociales, lo cual se refleja en atribuir un valor inferior al testimonio o argumentos de las mujeres como partes o testigos; la falta de credibilidad de las madres cuando denuncian abusos contra sus hijos e hijas; y la referencia o establecimiento de estereotipos de género que conllevan a una interpretación errónea o a una implementación defectuosa de la ley», señala el informe de la ONU.
En este sentido, recuerda que Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación en esta materia a España, tanto en el tema de los estereotipos judiciales, como sobre la utilización del supuesto SAP. «Y nos preocupa que, a pesar de ellas, los problemas estructurales referidos sigan presentes de diferentes formas», explica.
Del mismo modo indica que, a pesar de la puesta en marcha de una nueva ley contra la violencia en la infancia en la que se prohíbe el SAP, en la práctica se sigue aplicando «en decisiones judiciales», puniendo a las madres que se perciben como impidiendo el contacto entre los padres y sus hijos e hijas».
«Destacamos que la Organización Mundial de la Salud eliminó la alienación parental de su índice de clasificación de enfermedades resaltando que no es un concepto relevante desde el punto de vista del cuidado en salud», apunta la ONU.
Para los expertos, la aplicación de este tipo de planteamientos en casos donde hay indicios importantes de violencia física y sexual contra la mujer y/o contra los hijos, indica «una interpretación discriminatoria del principio del interés superior del niño» y apunta que el «derecho del niño a no ser separado de sus padres debe siempre estar subordinado a su interés superior, lo cual debe incluir su derecho a vivir una vida libre de violencia».
Finalmente, señala que los antecedentes de violencia de género contra la mujer son «un importante factor de riesgo de violencia contra» los menores y critica que la «tendencia del sistema de justicia a no extender órdenes de protección en beneficio de mujeres víctimas de violencia a sus hijos», aunque «haya indicios de que la violencia doméstica también les afecte».
MADRES PROTECTORAS SE UNEN A LAS RECLAMACIONES
Ante este escrito, la Plataforma Madres Protectoras han recordado que llevan «años» denunciando la «vulneración de derechos» en la protección de menores que denuncian violencia sexual en el entorno familiar en los tribunales españoles» y la «criminalización» hacia las progenitoras cuando les protegen.
Es por eso que la entidad quiere que el Gobierno considere esta situación que señala la ONU como un problema de «acción inmediata» y tome medidas ante ella. También llama a que se garanticen los derechos de los menores «a una vida libre de violencia», a «ser escuchados» y a que su interés superior «sea una consideración primordial».
Además, piden que «no se produzcan arrancamientos» de menores de sus madres tras las denuncias de maltrato o violencia; que haya «respeto» para los profesionales sanitarios y del sistema educativo que notifican los abusos sexuales y la violencia; sanciones a todos aquello agentes jurídicos y no jurídicos que apliquen el falso SAP; o la reparación integral con perspectiva de género e infancia para las madres y los menores que han denunciado violencia sexual, entre otras medidas.
«Exigimos el fin de la impunidad de la violencia institucional para las niñas y niños que revelan abuso sexual intrafamiliar y para sus madres protectoras», ha insistido la plataforma.
