Ecologistas en Acción ha reclamado a Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León que abandonen su «rebeldía» y cumplan ya «urgentemente» con la obligación de proteger al lobo, perseguir su caza ilegal y promover su coexistencia con la ganadería.
La organización defiende su protección, la implantación de medidas de coexistencia de la especie con el ganado extensivo y ha apoyado en los tribunales la orden de protección del lobo contra la cual se han presentado una decena de recursos y considera que la orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica RED/980/2021 de 20 de septiembre) supuso un «gran avance» para la conservación de esta especie y de la biodiversidad en general.
Las citadas comunidades autónomas, que concentran más del 95 por ciento de la población lobera recurrieron esta orden ante la Audiencia Nacional y Ecologistas en Acción les recuerda que la norma está «vigente», por lo que les pide que la cumplan y abandonen su «rebeldía».
En concreto, acusa de «irresponsable» a Junta de Castilla y León porque, según afirma, se está negando a tramitar las indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos correspondientes indemnizaciones.
Además, denuncia la existencia en Galicia de una red de caza ilegal que envenena lobos que está investigando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
A su juicio, las cuatro comunidades autónomas deberían estar «trabajando en las consecuencias legales» de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), a evaluar de forma periódica su estado de conservación y adoptando medidas para evitar que se produzcan actuaciones con el propósito de dar muerte, capturar o molestar al lobo.
Asimismo les insiste en su «obligación» de colaborar con el MITECO en estudios científicos para evaluar la situación de la población lobera y sus diferentes grupos reproductores, destinar parte de sus presupuestos autonómicos a apoyar la ganadería extensiva, facilitar ayudas para fomentar la coexistencia del lobo y la ganadería, y pagar con más rapidez los posibles daños que se produzcan por los ataques del lobo al ganado, sin la necesidad de contratar seguros privados.
En esa línea, añade también la obligación de perseguir la caza ilegal y poner en marcha campañas de sensibilización sobre la especie e insta a estas cuatro administraciones que «dejen de bloquear» la aprobación de la ‘Estrategia para la convivencia de las actividades en el medio rural con el lobo y su conservación’.
