La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha avanzado que las tres administraciones implicadas (Gobierno, Comunidad y ayuntamientos de Madrid y Rivas) se han fijado como margen este semestre para firmar un acuerdo sobre plazos y presupuestos para comenzar los desalojos en la Cañada Real Galiana.
Por eso, espera que antes del verano el Consejo de Ministros publique un Real Decreto en el que cada administración se compromete a destinar la dotación acordada «para que todos juntos y de una vez por todas cumplir cumplamos el Pacto de 2011 por la Cañada Real, que ya han pasado 11 años».
En una entrevista, González ha asegurado que en «tres o cuatro años» se podría resolver el problema de los asentamientos ilegales en la antigua vía pecuaria «si existe un compromiso político que se visualice con una dotación presupuestaria» para una política de realojos «con cronograma y una dotación para que en tres o cuatro años, levantarlo».
«Hemos ido dando los pasos necesarios. Cuando yo entré hace nueve meses esto era impensable. Es de la parte que me duele el corazón porque siguen sin luz, y es una de las cosas que más me inquieta y me perturba, pero creo que, dentro de la lentitud desbordante de las administraciones, se están dando los pasos adecuados», ha dicho.
La delegada del Gobierno en Madrid ha celebrado que «por primera vez en mucho tiempo se bajaran las armas en la Cañada». «Las administraciones dijimos que teníamos que llegar a un acuerdo, no lanzarnos la Cañada los unos a los otros. La Comunidad de Madrid ocupó el lugar que debe ocupar y fueron conscientes que una gran parte de las competencias son suyas y que una gran parte del problema no es de seguridad, sino de integración social», ha relatado.
González ha subrayado también que el Gobierno de España «ha dado un paso al frente y ha dicho que esto no es una cuestión competencial, sino de incumbencia del Gobierno de España». «Es la mayor bolsa de pobreza que existe en Europa y tenemos que acabar con ello. Lo que se estaba haciendo estos años era consolidar la pobreza y un modelo de sociedad con el que yo no estoy de acuerdo», ha afirmado.
Por ello, el Ejecutivo ha aprobado una línea de ayudas, a través de la Agenda 2030, y ha abierto un negociación con todas las administraciones, coordinada por Delegación, para llegar a un convenio a través de la Secretaría General de Vivienda.
«Si a mí me dices cuando entré en la Delegación del Gobierno que en un año podemos decir que vamos a llegar a un acuerdo, no me lo creo. Sobre todo con todo cuando veníamos de atrás, con David Pérez, como consejero de Vivienda y la presidenta madrileña con unas declaraciones que no venían a cuento con el tema de a seguridad ciudadana», ha apuntado.
CAMBIO DE TALANTE Y TRABAJO «MUY INTENSO»
En esta línea, la delegada del Gobierno ha manifestado sentirse ahora «muy satisfecha» con la posición actual de la Comunidad de Madrid y ha alabado el «talante» de la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, sobre esta cuestión.
Mercedes González ha recordado que los últimos cuatro meses han sido de trabajo «muy intenso» en lograr soluciones, ya que se constituyó un grupo de trabajo con la Secretaría de Vivienda, la Consejería de Medio Ambiente, los ayuntamientos de Rivas y Madrid, coordinado por la Delegación, que se reúne cada diez o quince días. En el marco de esta coordinación, se está preparando un convenio para establecer las necesidades de vivienda, dotación presupuestaria que se necesite, etcétera. Además, hay un convenio de la Comunidad y Ayuntamiento de la capital con 134 millones.
«Creo que ha habido un cambio en el Gobierno regional y que la consejera ha sido muy importante para ello y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado un interés, sino su consejera no tendría esa iniciativa política. Nos hemos reunido en una mesa todos olvidando lo que había pasado y mirando al futuro», ha concluido.
