Amnistía Internacional ha denunciado que los países ricos y las empresas farmacéuticas «han fracasado catastróficamente» al no garantizar el acceso equitativo a las vacunas «y han dejado este año a miles de millones de personas sin medicamentos que salvan vidas«.
«A pesar de que el mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis vacunales, únicamente el 7 por ciento de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una sola dosis. ¿Por qué se está negando a los países más pobres el acceso a medicamentos que salvan vidas mientras los países ricos guardan montones de vacunas sin usar?», ha criticado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Así, considera que la aparición de la variante ómicron «debería servir de aviso a los países ricos y las empresas farmacéuticas que no han abordado la pandemia en el ámbito global«. «No vacunar a todas las personas, con independencia del lugar donde vivan, hace que toda la población mundial sea vulnerable a nuevas variantes. La única forma de romper este círculo vicioso es garantizando que todas las personas tienen acceso a las vacunas«, ha insistido.
Este año, dirigentes de todo el mundo hicieron numerosas promesas acerca de compartir vacunas, pero las han incumplido una y otra vez. En junio, la cumbre del G7 se comprometió a compartir 1.000 millones de dosis antes de finalizar 2021, aunque las informaciones indican que «este objetivo no se va a cumplir«.
En septiembre, el presidente estadounidense Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se comprometieron a donar 900 millones de dosis extras a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de septiembre de 2022. «Aunque esta iniciativa es bienvenida, los países más pobres necesitan vacunas ahora mismo«, reflexiona la ONG.
Para Amnistía Internacional, las empresas farmacéuticas «tampoco han estado a la altura de las circunstancias«. «Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Ante todo, esta responsabilidad significa que las empresas tienen el deber de ‘no hacer daño’. Si se dan cuenta de que provocan abusos contra los derechos humanos, deben poner fin de forma inmediata a sus acciones perniciosas y proporcionar reparación«, explican.
«En torno a esta época del año, se administró la primera vacuna. Más de 365 días después, mientras muchas personas de los países más ricos han recibido hasta tres dosis, muchas más en los países más pobres no han recibido ninguna. Estamos ante la sombría realidad, amplificada por la brutal claridad de la pandemia, de que algunas vidas se consideran más merecedoras de ser salvadas que otras. Es un final de año realmente devastador«, lamenta Callamard.
