La Comunidad de Madrid cerrará previsiblemente el centro de menores de la Casa de Campo y trasladará a los allí residentes a un nuevo centro, aún en obras; mientras que mantendrá abierto el de Hortaleza, pero lo transformará en instalación de Primera Acogida.
Así lo ha anunciado en una entrevista concedida la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, que ha desvelado que su departamento está realizando una nueva distribución de menores entre centros.
En ella se prevé el cierre del centro de Primera Acogida de la Casa de Campo, que desde su apertura hace unos años en las instalaciones de un antiguo albergue municipal, ha generado muchos problemas entre los vecinos de la zona de Batán, ya que han aumentado los delitos por pequeños robos, que atribuyen a algunos de los menores extranjeros no acompañados (menas) que allí viven.
No obstante, ha advertido la consejera, no será un cierre inmediato, sino que tardará un tiempo, ya que se está acondicionando un nuevo centro para atender a estos menores.
Además, el otrora polémico centro de Hortaleza, pasará a ser un centro de Primera Acogida, es decir, aquellos que acogen a niños y adolescentes de forma urgente, realizan un estudio valorativo de su situación y proponen a la Comisión de Tutela la medida más adecuada para cada uno de ellos. «Esos son chicos menos problemáticos que los más mayores, por eso esperamos que los problemas que había, que ya no hay o no tanto, podamos resolverlos», ha apuntado.
OBLIGATORIEDAD EN ATENCIÓN A MENORES
Según ha explicado Dancausa, la Comunidad de Madrid trabaja con todos sus medios para que los menores en protección, ya sean españoles como extranjeros, lleguen a los 18 años con trabajo y vida autónoma, algo a lo que le obliga la Ley y las convenciones de Derechos Humanos firmados por España.
«Tanto para unos como para otros dedicamos los mismos esfuerzos. Los menas tienen una problemática distinta porque en muchos casos no conocen el idioma y tenemos que darles clases extras para que se coloquen al mismo nivel educativo que en España. La Ley nos obliga a que atendamos a todos los menores que no tengan una familia y eso es lo que hacemos», ha indicado.
Para ello, los técnicos y educadores contratados para ello están trabajando con los menas «para que sigan los niveles educativos que requiere la sociedad española y que salgan al mercado de trabajo con autonomía».
«Cada uno llega con un nivel distinto, la variedad es bastante diferente. Para eso tenemos el programa Junco, para adolescentes de entre 16 y 18 años; y Tránsito, para jóvenes de 18 a 21, a quienes prolongamos unos años más la protección porque no tiene sentido habernos dedicado unos cuantos años para trabajar con ellos y cuando de repente tengan 18 años y no tengan resuelta su autonomía, les dejemos sin nada. Entonces trabajamos con ellos en pisos de acogida, a través de formación y entidades. El objetivo es que no sean una carga para la sociedad, tengan vida autónoma y que las dificultades que han tenido durante su estancia sean superadas. El resultado es positivo, el 60% consigue la inserción laboral», ha apuntado la consejera.
Respecto al cuestionamiento que ha realizado Vox de la cantidad de dinero que destina el Gobierno regional a cada menor en protección, Dancausa ha respondido que «no se puede hablar de que esto sea caro o barato, puede ser una opinión, pero lo importante es el objetivo, que esos chicos tengan una vida normalizada y que no se conviertan en delincuentes».
«En algunos centros hemos tenido problemas y tratamos de paliarlos. Son personas en régimen abierto y hay malos comportamientos, también entre españoles. Vamos a seguir trabajando para resolverlos», ha añadido.
La titular regional de Juventud también ha señalado que actualmente hay menos llegadas de menores extranjeros no acompañados a Madrid, por lo que no hay problemas de colapsos en los centros, como ocurrió hace dos años.
«Acoger a muchos de forma repentina hace que los centros se desequilibren de alguna forma y tengan más problemas. Hay chicos que llegan de situaciones complicadas, a veces son violentos, a veces tienen problemas, a veces no saben expresarse. Es difícil sacarlos adelante y hay que intentarlo. La Comunidad de Madrid está haciendo todo lo que puede para ello», ha finalizado.
INMIGRACIÓN «SATISFACTORIA» EN MADRID
En cuanto a la inmigración, Dancausa ha subrayado que en Madrid «los inmigrantes se han adaptado» y «no ha habido conflictos de falta de tolerancia». «La inmigración es americana y europea y se ha integrado sin dificultad. Madrid es una comunidad adaptada y acostumbrada a recibir gente de fuera, de otras provincias. Y eso contribuye a que la inmigración haya sido positiva», ha esgrimido.
Dancausa ha recordado que con la anterior crisis económica iniciada en 2008 muchos inmigrantes volvieron a su país al perder su trabajo, pero con la del Covid, aunque no tiene datos, duda de que haya un retorno a países de origen porque se ha visto restringida la movilidad y por las ventajas sanitarias de España.
Según una última encuesta del CIS, los inmigrantes afirman que les gustaría quedarse porque están integrados en la mayoría de los casos. «Nosotros vamos a seguir trabajando. Los 8 CEPIS hacen una gran labor, porque promueven la integración de los inmigrantes en la región en todos los sentidos. Han pasado 50.000 personas por esos centros y nos parece un instrumento novedoso, que no existe en otras comunidades, y está dando grandes resultados», ha asegurado.
La titular regional de Política Social también ha destacado el nivel de empleo de los extranjeros en la región madrileña, con tasas entre las mujeres 10 puntos por encima de las españolas. «La mayor integración de los inmigrantes viene por conocer el idioma para poderse comunicar y relacionarse; y por el tema laboral, porque la mayoría viene a España para conseguir una vida mejor y si consiguen trabajo sus condiciones mejoran. La sociedad española es muy desarrollada, tenemos la sanidad y educación gratis y eso no sucede en los países de origen», ha reseñado.
NUEVA ESTRATEGIA CONTRA LA TRATA
En otro orden de cosas, Concepción Dancausa ha anunciado que el año que viene tendrán lista una nueva Estrategia regional contra la Trata de personas con fines de explotación social, que contará con la misma filosofía que la actual.
«Hay una parte importante, que es la lucha contra las mafias, que tienen que hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que han que luchar con todas sus fuerzas contra ella porque hablamos de tráfico de seres humanos. Nosotros hemos de trabajar más en la parte social. Cuando las mujeres explotadas ya están aquí hay que ayudarles a que denuncien y garantizar que estarán protegidas si lo hacen y tendrán una salida laboral», ha apuntado.
En ese punto, la consejera ha recordado que llevan muchos años colaborando con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). «Es la línea que tenemos que seguir. Haremos la evaluación de la actual Estrategia para ver cómo han funcionado las medidas y luego evaluaremos lo que ha ocurrido para redactar una nueva», ha avanzado.
