La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado este viernes que una funcionaria de prisiones de la cárcel de Valdemoro sufrió ayer jueves un ataque de índole sexual por parte de un interno.
«APFP quiere mostrar todo su apoyo a la compañera y una pronta recuperación» ha señalado, al tiempo que ha manifestado que son conscientes «del medio hostil y violento en el que los profesionales penitenciarios realizan y desempeñan sus funciones, lo que requiere al mismo tiempo ser capaz de afrontar y posicionarse de manera determinante, firme y resolutiva ante situaciones de falta de respeto, amenazas y agresión».
Si en este caso de la prisión de Valdemoro, se ha hecho propuesta de regresión y traslado urgente del interno a otro centro, indica el sindicato, en la gran mayoría de los casos las medidas adoptadas «brillan por su ausencia, teniendo que volver a ver y tratar a quién el día anterior o el mismo día te ha llamado ‘puta, chupapollas, cabrón o te ha amenazado de muerte'».
Por otra parte, la Asociación Profesional se queja de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado a los internos como los «débiles» del sistema, «por lo que están normalizando agresiones y ofensas que afectan a la integridad física y moral de los funcionarios de prisiones y a las que es una obligación ponerle freno por quienes ejercen la autoridad».
«Sembrar respuestas laxas y despenalizadas dará lugar a recoger desprotección, desconfianza e inseguridad para los profesionales penitenciarios que mantenemos en pie esta institución y nos dejamos la piel cada día con medios materiales y personales irrisorios, como es asignar servicio a un funcionario o dos con aproximadamente 100 internos», se queja la APFP.
Así, recalcan en el comunicado que son los profesionales penitenciarios quienes representan a la Administración y al Estado y «los que deben ser protegidos y amparados en su trabajo con medidas contundentes y categóricas, como ser nombrados agentes de la autoridad, que dejen bien claro que no se toleran las amenazas ni las agresiones a quienes estamos al servicio de los intereses generales, debiendo ser elevadas estas conductas a las autoridades judiciales, no que ahora quedan en un ilícito administrativo con una sanción que consiste en una privación de horas de salida al patio».
La asociación también ha denunciado que los funcionarios de prisiones «trabajan sin medios adecuados a la peligrosidad del medio, con circulares e instrucciones que les criminalizan, sin una formación continua y constante, con una grave falta de personal, sin la equiparación salarial con los compañeros de Cataluña y con la política del buenismo que impera en la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior minimizando las consecuencias de los actos agresivos y malas conductas de los internos».
