El aumento de los precios de las materias primas en todo el mundo provocado por la crisis del coronavirus ya ha ocasionado un incremento de los costes de todas las obras públicas, entre las que destaca el encarecimiento del 61% en las carreteras.
Según un análisis realizado por la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), al coste de las carreteras le sigue el incremento del 37% en los aeropuertos, el 33% en las obras ferroviarias, el 32% en la edificación, el 28% en los puertos y el 27% en las infraestructuras hidráulicas.
Por ejemplo, el acero ha disparado su precio un 115% entre abril de 2020 y noviembre de 2021, la madera un 173%, el aluminio un 80% y el cobre un 80%, así como la cotización del petróleo Brent un 173% y los precios de la energía un 82%.
El aumento de la demanda al calor de la recuperación económica, la lenta restitución de la capacidad productiva a nivel mundial tras la inactividad durante la pandemia, el incremento en los precios del transporte marítimo de mercancías, el precio de la energía, la depreciación del dólar o las propias estrategias comerciales de los países productores de materias primas son las principales razones que explican esta situación.
Por otro lado, la abundancia de liquidez inducida por los programas de estímulo monetario de los bancos centrales, así como las previsiones de inflación, hacen que los inversores busquen cobertura en las materias primas, lo que provoca la presión compradora de materias primas que se registra actualmente en los mercados bursátiles.
Así, el índice Dow Jones de commodities, que refleja movimientos en los precios de los contratos de futuros de un conjunto diversificado de materias primas pertenecientes a diversos sectores, incluyendo energéticas, se encontraba en 563,75 euros a finales de julio de 2020, mientras que a comienzos de diciembre de 2021 se situaba en 917,62 euros, lo que supone un incremento desde entonces del 62,77% y de aproximadamente un 43% en la comparativa interanual.
REVISIÓN DE PRECIOS
En España, tras la introducción de una ley de desindexación en 2015, no está considerada la revisión de precios en los contratos públicos, por lo que los contratistas deben asumir durante la ejecución de las obras cualquier alteración en las estructuras de costes, poniendo en peligro la supervivencia de las empresas.
En otros países, como Alemania, se aplican estas revisiones de precios; en Italia, el Parlamento aprobó en julio compensaciones para las empresas, entre otras medidas; y en Francia se están revisando los plazos de ejecución y eliminando sanciones si estos retrasos se deben al incremento de los precios.
En España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha trasladado en varias ocasiones su compromiso de aplicar una revisión de precios a los contratos públicos, incluso con retroactividad al 1 de enero de 2021. En algunos proyectos de Adif ya se han revisado los precios, lo que ha permitido la continuidad de las obras.
