La juez de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado como investigados a los miembros que componían la Junta de Gobierno local de este municipio por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.
En la providencia, fechada a 29 de noviembre, la instructora acuerda citar a los investigados los próximos días 16 y el 28 de febrero. Primero lo hará el teniente de alcalde, David Muñoz; la concejala de Empleo; Rebeca Prieto; el concejal de Cultura, Alejandro Martín; y la edil de Urbanismo María Luisa Ruíz.
El próximo 28 de febrero desfilarán ante el juez la concejala de Igualdad María Dolores Triviño, la exedil de Urbanismo Beatriz Benavides y la concejala de Educación Natividad Gómez. Todos, a excepción de uno de ellos, continúan formando parte del Gobierno local.
Las citaciones se producen después de que el pasado 18 de noviembre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, declarase como investigada en la causa, una acusación que entonces atribuyó a «una querella política», manifestado estar «muy tranquila» y mostrando su confianza en la Justicia.
También fueron citados como investigados el tesorero del Ayuntamiento y el por entonces concejal de Hacienda, Aitor Perlines, sobre quien en su declaración la alcaldesa «descargó la responsabilidad» manifestado que se trataba de una iniciativa del concejal y que la urgencia también la tramitó el edil, según señalaron fuentes de la acusación.
QUERELLA
La querella, interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), y admitida a trámite en abril, se sustenta en que se «perdonó» el cobro de deuda pública a una empresa que no habría satisfecho las tasas que suponen la utilización de suelo público para desarrollar su actividad en la localidad, según argumentan en la denuncia.
«La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no todo lo contrario, su condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada, y la reducción del canon para los próximos 20 años», recalcan en el documento.
Además, señalan que la decisión se toma «a pesar de la existencia de varios informes desfavorables del Interventor y del Secretario del Ayuntamiento», entendiendo que se pretendía acordar «una quita no prevista en la legislación concursal y expresamente prohibida por el Derecho Público, con grave perjuicio para la Hacienda Local».
En el mismo documento de admisión a trámite se insiste en que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa».
Tras conocerse las nuevas citaciones, desde el Ayuntamiento han reiterado que «se trata de una querella política», y que lo que se hizo fue en pos de «mantener los empleos» y para «garantizar» que se pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado.
