Expertos en tributación consideran que el año que viene va a ser «difícil» implementar una reforma fiscal de calado, que actualmente está analizando un comité de expertos, porque el país estaría ante un periodo casi preelectoral que marcaría la toma de decisiones.
«Desde el punto de vista de reformas fundamentales, el ciclo electoral nos va a comer y nos va a condicionar enormemente», ha asegurado el catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, durante el debate titulado ‘La reforma de la tributación de la riqueza’, organizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas–.
El catedrático Juan José Rubio ha explicado que esta reforma fiscal, para la que se esperan las propuestas de los expertos en febrero de 2022, está provocando cierta inseguridad jurídica desde el punto de vista de las potenciales inversiones que se puedan desarrollar en el país. De hecho, el experto ha asegurado que muchas empresas están en ‘stand by’, esperando la situación que se pueda producir en cuanto a la reforma tributaria.
Entre las posibles reformas, Juan José Rubio y el profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), José María Durán, han coincidido durante el debate en que si se quieren mantener los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, adscritos a las comunidades autónomas, sería necesario que fueran sometidos a una cierta armonización, ante la competencia fiscal entre territorios.
No obstante, Rubio considera que, en el caso de Patrimonio, no tiene sentido que un impuesto en vías de extinción a nivel mundial se haya revitalizado en España de forma indefinida. «Su existencia supone un desincentivo a la inversión extranjera, en un contexto en el que los países del entorno han renunciado a su aplicación», ha señalado.
ELUSIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO DE PATRIMONIO
Además, ha alertado de que es un impuesto que tiene «enormes capacidades» de eludir su pago, ya que afecta a personas físicas y no a las jurídicas, por lo que creando sociedades interpuestas sería «relativamente fácil» eludirlo.
Así, ha señalado que es un impuesto en el que la movilidad de capital, al menos el financiero, es enorme y ha advertido de que si España no se adecúa a la práctica de los países socios y también competidores, tendrá un problema. Como ejemplo, Rubio ha mencionado que el impuesto de patrimonio en Extremadura, con un máximo del 3,75%, podría estar generando en este momento un efecto frontera por el desplazamiento de capitales hacia Portugal donde no existe.
A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha señalado que no parece razonable que España, único país de la UE que aplica el Impuesto sobre el Patrimonio, se empeñe en mantener el actual formato de un impuesto, ya que dificulta la atracción y mantenimiento de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones de equidad dentro del territorio.
Por este motivo, los expertos han coincido en que el Impuesto sobre el Patrimonio no debe continuar en el sistema impositivo con su configuración actual y, si se optara por mantenerlo, exigiría una reforma profunda simplificándolo, mejorando la equidad en su aplicación y estableciendo tipos muy moderados.
Y es que el impuesto ha sufrido «parches» a lo largo de los años, por lo que los expertos instan a que, si se quiere mantener, primero se debe resolver en el marco de la financiación autonómica de forma razonable, ya que es un impuesto que «aparece y desaparece», generando confusión inseguridad jurídica a contribuyentes e inversores.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, creen que habría que solucionar los problemas técnicos que tiene, armonizándolo para todas las comunidades, suprimiendo exenciones y los coeficientes en función del patrimonio preexistente, estableciendo un mínimo exento igual para todos y con tipos impositivos proporcionales y no muy elevados, pudiéndose regular deducciones en cuota para los parientes más cercanos. Durán ha pedido a los partidos políticos cierto consenso para ello, ya que en los últimos años se ha convertido en un «arma» política.
En cuanto a la reforma que parece se producirá el próximo año, Agustín Fernández, presidente del REAF, considera que es muy importante que tanto la tributación de la riqueza como el resto del sistema tributario se regulen de forma homologable dentro del UE y OCDE, y dotándolo de una estabilidad hacia el futuro.
