El Gobierno ha asegurado que el reglamento penitenciario no contempla el uso de las pistolas eléctricas tipo táser dentro de las cárceles, donde los trabajadores disponen ya de una docena de elementos de protección y coercitivos como defensas de goma, aerosoles, grilletes y chalecos antiagresiones.
En sendas respuestas parlamentarias por escrito a Vox, el Ejecutivo de Pedro Sánchez expone que en todo 2020 se registraron 176 agresiones contra funcionarios en los centros penitenciarios, frente a las 120 contabilizadas hasta el 1 de octubre de 2021.
En una comparecencia en el Congreso el pasado 26 de octubre, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, sostuvo que las «cifras no dan credibilidad» a las quejas de sindicatos de prisiones. Según él, en 2017 hubo 305 agresiones, frente a las 176 en 2020 y las 120 contabilizadas en lo que va de 2021, datos que «no admiten manipulación» porque se obtienen de los partes de incidencia que firman los trabajadores.
A preguntas de Vox, el Gobierno detalla cuál es el material de protección del que disponen los funcionarios de prisiones: aerosoles «de acción adecuada», defensas de goma, grilletes de seguridad, esposas desechables y metálicas, cascos antidisturbios, escudos protectores, máscaras antigás y filtros, chalecos antiagresiones, equipos antidisturbios, guantes «adecuados a las diversas situaciones» y otros elementos de apoyo como linternas.
En este sentido, el Ejecutivo indica que «constantemente» se están analizando nuevos medios que van apareciendo en el mercado y que pudieran ser los más idóneos para garantizar la seguridad de los funcionarios, remitiéndose a medidas ya en aplicación como el aumento de la video-vigilancias porque tienen «efectos altamente positivos». Cita en este caso medidas de tipo material, organizativo y también «estrategias preventivas ante conductas agresivas».
Vox fue uno de los partidos –junto a PP y Ciudadanos– que se sumó el pasado viernes a la protesta de trabajadores frente a Instituciones Penitenciarias, convocados por la plataforma ‘Tu Abandono Me Puede Matar’ para denunciar la gestión de Prisiones y la carencia de medios.
Las críticas se centraron en la denuncia falsa de la subdirectora de seguridad de Villena (Alicante). Según ellos, hasta su detención fue usado este hecho para «criminalizar» a los trabajadores –dos de los tres implicados, suspendidos de empleo– a raíz de un vídeo usado como prueba de una investigación por supuesto exceso de fuerza en la reducción de un interno con problemas mentales.
