La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, se ha mostrado de acuerdo con la medida incluida por el Senado en el texto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de ampliar la legislación española a todas las violencias sobre la mujer modificando la actual Ley de Violencia de Género, y no aprobando leyes específicas aparte sobre las mismas, como reclamó el Congreso.
«Nosotros estamos de acuerdo en que se modifique el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004», ha explicado Carmona, para añadir que esta situación permitiría a los juzgados especializados atender a todas las víctimas de violencia contra la mujer.
Aún así, ha explicado que, de ser así, habría que «ampliar la planta judicial» o bien «reconvertir juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género», porque sino, sería «inviable» asumir todos los casos.
Carmona se ha expresado así durante su comparecencia, este lunes, ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Senado, en donde ha hecho un análisis de cómo este acuerdo ha cambiado la situación de la Justicia en torno a esta materia.
FORMACIÓN DE LOS ACTORES
En su intervención ha felicitado a la comisión por el «magnífico» texto redactado en la Cámara alta que, según ha explicado, por su buena esquematización ha sido «didáctico» para los órganos judiciales. También destaca que se han incluido las peticiones que el CGPJ hizo en su momento, muchas de las cuales, según ha apuntado, son «ya una realidad», mientras que otras «quedan por implementar» por necesitar «modificaciones legislativas».
Sobre los pasos dados desde el CGPJ, Carmona ha señalado que están «en fase» de especializar a todos los partidos judiciales y, también, haciendo un «esfuerzo» en materia de formación para que los jueces y magistrados se formen, no solo en «el temario de la oposición», sino también «en la escuela judicial» y de forma «continua» durante la profesión.
En este sentido, ha recordado que todos los jueces que trabajan en juzgados especializados en violencia de género están «obligados» a tener esta formación y que la comisión permanente del CGPJ ha aprobado que esto se extienda a otras especialidades. Carmona ha defendido esta medida señalando que, desde el Consejo entienden que «para dictar una sentencia justa se debe tener perspectiva de género».
En esta misma línea, ha destacado la labor de formación desde el órgano judicial para operadores jurídicos, sanitarios, AMPAs, profesores, responsables de recursos humanos o sindicales y otros actores con competencia en la materia con los que colaboran.
AVANZAR EN RECHAZO SOCIAL
También ha destacado las guías de buenas prácticas que realiza el CGPG para «homogeneizar» los criterios interpretativas y que «no haya víctimas de primera y segunda» dependiendo del territorio. Se trata, según ha indicado, de informar sobre «protocolos» de actuación en relación a la declaración de las víctimas, de los menores: criterios, lugar, información que hay que dar o el tiempo que hay que dedicar, entre otras cuestiones.
Pero, por otra parte, se ha referido a las carencias que aún se pueden observar a través de los informes trimestrales y anuales que el Observatorio que preside realiza sobre este tema. En este sentido, ha denunciado que para las mujeres que sufren esta lacra en localidades con menos de 100.000 o 50.000 habitantes «es imposible pedir ayuda» o que las denuncias por parte de familiares y amigos de a víctima aún supone solo un 1%.
Carmina ha señalado este «silencio» social como uno de los retos pendientes de la sociedad, así como el «rechazo total y absoluto al maltratador». En este sentido, ha lamentado que aún se esté dejando la denuncia «en manos» de la mujer maltratada.
En materia de violencia sexual, ha indicado que el 68% de las sentencias analizadas corresponden a delitos contra menores de edad y que del 31% que se comete contra adultos, el 97,7% tiene como víctimas a las mujeres.
DESTERRANDO MITOS
Carmona también ha «desterrado» algunos «mitos» sobre esta lacra señalando que los datos de asesinatos por violencia demuestran que «no hay un perfil» de mujer maltratada. Así ha indicado que la más joven en ser asesinada por su pareja fue una niña de 13 años en 2012 y la mayor de 95 años.
Del mismo modo, ha indicado que el 66,4% de los agresores son españoles, aunque ha reconocido que los extranjeros están «sobrerrepresentados» en las estadísticas y que «la mujer extranjera es especialmente vulnerable» en esta materia.
También ha destacado la maternidad como otra vulnerabilidad, dados los casos de asesinatos de menores contabilizados por violencia de género desde 2013: 47. Además, ha indicado que en las denuncias estudiadas por el CGPJ, el 13% de los menores huérfanos han sido testigos directos de la muerte de su madre.
Al respecto, ha celebrado la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia ante la Violencia y las medidas de protección que incluye para los menores frente al maltratador. Carmona ha reconocido que, al ponerse en marcha el pasado agosto, aún no hay datos sobre la aplicación de las nuevas medidas pero se ha mostrado convencida de que va a suponer «una mayor protección de estos niños».
