La Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de El Salvador ha admitido este miércoles la demanda de la Fiscalía de reabrir el caso de la matanza en 1989 de un grupo de jesuitas, entre ellos el ideólogo de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría.
Así lo ha anunciado el presidente del Supremo, Óscar López Jerez, en un comunicado de respuesta a la petición del fiscal general del país, Rodolfo Delgado, que presentó un amparo en contra de la resolución pronunciada por la Sala de lo Penal, mediante la cual se cerró definitivamente el expediente del caso en noviembre de 2020, argumentando que los delitos ya habían prescrito.
La Sala de lo Constitucional ha aceptado el reclamo de la Fiscalía al considerar que la mencionada resolución «lesionó los derechos a la seguridad jurídica, a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional«, informa el medio salvadoreño ‘El Mundo’.
Además, ha criticado que la Sala de lo Penal declaró la prescripción del proceso penal «pese a tratarse de crímenes de lesa humanidad«, los cuales son «imprescriptibles«, como ha recordado. La Sala de lo Constitucional ha lamentado también que con la nulidad del proceso «se habría obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas y su derecho a conocer la verdad».
El 16 de noviembre de 1989, en medio del conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), un pelotón del Ejército salvadoreño ejecutó en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) a cinco religiosos españoles y un religioso salvadoreño, así como una empleada doméstica y la hija de esta.
Un tribunal salvadoreño juzgó en los 90 a una decena de militares como autores materiales sin contemplar a los autores intelectuales que serían altos mandos, como han denunciado diversas organizaciones.
Entre ellos, se ha vinculado al expresidente Félix Cristiani y a los militares que formaban parte Estado Mayor de las Fuerzas Armadas René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo y a Inocente Orlando Montano, quien quedaron libres de cargos por la decisión de la Sala de lo Penal de noviembre de 2020.
Por su parte, el 11 de septiembre de 2020, la Audiencia Nacional de España condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano, de 78 años, como responsable del asesinato de los cinco jesuitas españoles.
