La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves en el Pleno del Congreso que los precios de electricidad en los mercados mayoristas de Europa, «en niveles inéditos», son aún mayores que el precio registrado en España.
Así, ha asegurado que España es junto con Polonia y Portugal, país con el que comparte precio en el mercado, el que menos precio registra pese a alcanzar los 228 euros por megavatio hora, frente a los 243 MWh en Alemania o los 302 euros MWh en Francia, «cifras astronómicas nunca vistas», ha dicho Ribera, «que obligan a reforzar la protección de consumidores vulnerables y replantear el funcionamiento de un sistema que claramente necesita mejoras».
Así lo ha manifestado durante su intervención en la Cámara Baja para defender la convalidación del decreto ley que exime del recorte de ingresos a las eléctricas por el sobrecoste del gas a la energía vendida en contratos a plazo, que aumenta las exigencias de información a las empresas operadoras en sus contratos y amplía las medidas de protección del bono social.
Ribera ha asegurado que la actual regulación «no vale para situaciones extremas» y cree que así lo reconocen supervisores y reguladores europeos en sus informes, si bien ha lamentado la falta de capacidad para poder actuar «en tiempo real» a las circunstancias actuales.
En todo caso, cree que «la mejor receta» pasa por «acelerar la transición energética», ya que considera que esta es «la única vía para reducir la volatilidad de precios de la energía y la dependencia del mercado interior».
Ribera ha defendido la marcha atrás en el recorte a los ingresos de las eléctricas, justificándolo en la necesidad de cubrir la energía ajena a los mercados mayoristas y en que el recorte de ingresos afectara a los precios asumidos por las grandes industrias.
También ha destacado la obligación de los productores de energía de remitir información a la CNMC de sus contratos a plazo, tanto físicos como financiera, incluidos los verticalmente integrados (las grandes eléctricas, que son generadoras y comercializadoras) para comprobar «cómo se forman los precios» y asegurar «un reparto justo de los costes y un acceso justo a los beneficios».
«El buen funcionamiento del sistema necesita transparencia y confiabilidad», ha asegurado Ribera, señalando también que las comercializadoras tendrán que informar con una antelación mínima de un mes al consumidor de un alza en la factura, y detallar una comparativa con una estimación anual del nuevo coste, así como remitir a la CNMC información transparente y comparada de sus ofertas.
