La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, encabezarán este viernes la reunión de la comisión bilateral de Infraestructuras entre el Gobierno y la Generalitat, que se celebrará en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
Por parte de la Generalitat asistirán la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca; el secretario general de Vicepresidencia y Políticas Digitales y Territorio, Ricard Font; el secretario general de Economía, Jordi Cabrafiga; el director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Bernat Costas; el presidente de la Associació de Municipis de Catalunya (AMC), Lluís Soler, y la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Olga Arnau.
La reunión tendrá como principal punto el posible traspaso de la gestión de Rodalies y llega días después de que ERC haya pactado esta transferencia a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
En concreto, se debatirá sobre el traspaso de los fondos para financiar las operaciones de Renfe en los servicios de Rodalies y Regionales, y el traspaso del material rodante y trabajadores a la Generalitat.
Según explicó ERC, el acuerdo con el Gobierno incluye iniciar los trámites para realizar el «traspaso íntegro» de la gestión de Rodalies a la Generalitat.
Este posible traspaso fue la causa de la huelga de maquinistas entre finales de septiembre y principios de octubre convocada por el sindicato Semaf, que no querían ser trasladados y depender de la Generalitat.
En octubre, la Generalitat acordó asumir el servicio de Rodalies de Lleida a través de Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya (FGC), que se prevé que opere las líneas RL3 y RL4 a partir de 2024, un servicio por el que prevé adquirir cuatro nuevos trenes para que la frecuencia de paso entre Lleida y Cervera pase de seis a 12 viajes, mientras que el tramo de Cervera y Manresa (Barcelona) pasará de tres a cinco.
En la actualidad, la Generalitat ya es la titular del servicio de Rodalies en su ámbito territorial y tiene la potestad de definir los servicios que se presta en Cataluña, así como las tarifas de todos esos trenes considerados Obligación de Servicio Público (Cercanías y Media Distancia).
PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA
El pasado 8 de octubre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat no era «una cuestión que esté encima de la mesa».
La propia ministra anunció el pasado viernes la puesta en marcha de un Plan de Acción inmediata para Rodalies «con un horizonte temporal delimitado desde noviembre y que Renfe desplegará hasta el verano de 2022».
El plan incluirá «mejoras para reforzar la sensación de seguridad de las personas, su percepción del servicio y de la atención que reciben, y también mejoras en la calidad y accesibilidad del servicio de las estaciones, de trenes y de las propias infraestructuras».
Entre las acciones se encuentra la instalación de lectores de códigos en los accesos de 66 estaciones, la adjudicación de la renovación integral de siete estaciones, la renovación de catenaria e infraestructuras de varios tramos de la red y la puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu Comtal (Barcelona).
AEROPUERTO Y CARRETERAS
Además de Rodalies, Gobierno y Generalitat tienen otros temas de actualidad sobre la mesa, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat o el futuro modelo de pago en las autopistas que la Unión Europea (UE) exige que se implemente antes de 2024.
El pasado 2 de agosto, la Comisión Bilateral entre ambos Ejecutivos acordó de forma verbal la ampliación de la infraestructura con una inversión de 1.700 millones de euros, aunque este acuerdo sellado entre la ministra y Puigneró generó tensiones entre los socios del Ejecutivo catalán.
Por este motivo, el 8 de septiembre Raquel Sánchez anunció la suspensión de esta inversión a causa de la «falta de confianza» del Govern en esa inversión, y posteriormente el Gobierno la descartó.
Por otro lado, el pasado 1 de septiembre se levantaron los peajes de las autopistas AP-7, AP-2, C-33 y C-32 norte, por lo que desde entonces en Catalunya solo se mantienen cuatro peajes en carreteras gestionadas por la Generalitat, que se mantendrán hasta 2037 y 2039.
Sin embargo, la Unión Europea exige que todas las autopistas sean de pago en 2024 y aunque el Gobierno ya ha manifestado que no serán peajes como los existentes hasta el momento, la Generalitat ha reclamado que se le explique cuál el nuevo modelo para adaptar los de las vías que aún son de pago.
DIÁLOGO Y PRESUPUESTOS
Esta reunión sobre infraestructuras llega después de la comisión bilateral de agosto pero también tras la celebración de la mesa de diálogo del pasado 15 de septiembre en el Palau de la Generalitat, marcada por la ausencia de Junts.
Aquel mismo día, también se reunieron previamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el primer encuentro desde febrero de 2020.
El encuentro de este viernes llega en la misma semana que los Presupuestos de la Generalitat para 2022 han iniciado su trámite parlamentario, en el que se ha desencallado los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y que el Congreso de los Diputados ha aprobado los PGE.
