Los ocho presidentes de tres partidos políticos reunidos en Santiago de Compostela este martes han suscrito una declaración conjunta en la que, entre otras cuestiones, reivindican una reforma de la financiación pactada de forma multilateral y que evite los espacios bilaterales, aunque sean legítimos. Y, en clave económica, que introduzca factores correctores para que se atienda al coste real de los servicios con el foco en el envejecimiento y la dispersión, entre otros.
Así lo recoge el documento firmado en el ‘Foro Santiago. Camino de Consenso’ por el anfitrión, el gallego Alberto Núñez Feijóo (PP); y sus homólogos: el presidente de Castilla y León, el también popular Alfonso Fernández Mañueco; así como los socialistas Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Adrián Barbón (Asturias); junto al cántabro Miguel Ángel Revilla (del Partido Regionalista).
Entre otras cuestiones, los ocho presidentes reunidos en Santiago piden «un fondo específico» que haga frente al reto demográfico y ponen el foco en el envejecimiento. Por ejemplo, demandan que el nuevo modelo que se active fije «un catálogo de servicios cuya financiación esté asegurada», y que se centrarían en sanidad, educación y servicios sociales.
Y en esta coyuntura, advierten que el «peso» de la sanidad debe adecuarse «al gasto real de las autonomías». «En concreto, se valorará de forma adecuada el impacto de cada grupo de edad que forma parte de la población protegida equivalente, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85) y aumentando su ponderación. Además, pide realizar revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y ponderación, de forma que se garantice «la suficiencia dinámica» del gasto sanitario en el modelo de financiación.
Y en dependencia, también se pide que se tenga en cuenta un nuevo grupo de edad a partir de 85 años, donde «se concentra un mayor porcentaje de grandes dependientes destinatarios de los cuidados más intesivos del sistema».
Asimismo, se recoge que se tendrán en cuenta criterios que permitan «impulsar el reequilibrio territorial» entre «zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas».
MULTILATERALISMO
En clave política, han puesto el foco en una reforma de la financiación multilateral. Los presidentes autonómicos quieren evitar lo que ocurrió con el modelo de financiación actual, que fue pactado en gran parte entre las autoridades catalanas y el entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y los 35 puntos abarcan diferentes premisas en cuestión de financiación autonómica, local, sanidad, despoblación, educación, dependencia, cogobernanza y el envejecimiento de la población.
En cualquier caso, estas comunidades autónomas apuntan directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como el órgano multilateral adecuado para negociar esta reforma del modelo de financiación autonómica en la que está trabajando el Ministerio de Hacienda, y que se evite hablar de esta cuestión en los espacios bilaterales.
Precisamente, este fue uno de los debates que sacaron a colación varios presidentes autonómicos después de que se pretendiera hablar de financiación autonómica en alguna reunión bilateral con Cataluña.
Además, han fijado una posición común para que el nuevo modelo de financiación autonómica se fije en los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales. «Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema», señalan.
EDUCACIÓN
En materia de educación, los ocho presidentes expresan su «apoyo» al Gobierno central para que «cumpla su propósito» de universalización del acceso a los centros infantiles de 0 a 3 años para facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.
En cuestión de despoblación, la declaración hace un alegato en defensa de la lucha contra el reto demográfico, planteándose una serie de puntos e instando a que se trabaje a nivel nacional con un «enfoque integral, transversal y consensuado con las comunidades autónomas».
LA GESTIÓN DEL LOBO SE LIMITA A UNA ADENDA
Por otra parte, Extremadura y La Rioja se han descolgado finalmente de la propuesta de Cantabria para que las ocho comunidades blindaran una posición común de cara apoyar a las regiones que albergan la práctica totalidad de lobos de España para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades.
En un primer borrador del acuerdo se daba cabida a esta premisa, que pasaba por reivindicar al Gobierno de España que «recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo en el país», propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria y ante la que finalmente no ha habido acuerdo.
En la declaración final sí que se incluye una adenda por la cual los otros seis gobiernos presentes en la mesa de negociación –Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y Aragón– sí que muestra su apoyo a la ganadería extensiva, «fundamental en la economía de las zonas rurales.
