Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal integrado por 33 personas que se dedicaban, presuntamente, a incorporar víctimas falsas a los expedientes de accidentes de tráfico de una compañía aseguradora habiendo llegado a defraudar más de 1,2 millones de euros.
Los detenidos han sido acusados de «fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales» y habrían llegado a alterar 41 expedientes de accidentes de tráfico, según ha informado Policía Nacional en un comunicado.
Una treintena de las detenciones se han llevado a cabo en la localidad madrileña de Getafe, dos de ellas en Madrid capital y una en Murcia. Además, durante la investigación, se han realizado tres entradas y registros en domicilios, dos de ellas en Madrid y una tercera en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. En estas actuaciones policiales se intervinieron 8.995 euros en efectivo, teléfonos móviles, equipos informáticos y documentación.
Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia interpuesta por la aseguradora afectada, quien alertó de la «actividad fraudulenta» que habían detectado en una de sus empleadas.
Las irregularidades se encontraban en una serie de expedientes de accidentes de tráfico indemnizados por la compañía, todos ellos tramitados o supervisados por la misma empleada, que incorporaba víctimas falsas a expedientes de accidentes de tráfico reales para, posteriormente, cobrar la correspondiente indemnización.
Esta empleada, beneficiándose de los cargos que fue ocupando en la empresa, introdujo en los aplicativos de la compañía a personas que se hacían pasar por presuntas víctimas de accidentes de tráfico, los cuales cedieron sus datos bancarios y de identidad.
Para dar veracidad a las supuestas víctimas y superar los controles internos, esta empleada incorporó documentos falsos de todo tipo en los expedientes, como partes médicos, atestados policiales y facturas de servicios de fisioterapeutas, entre otros.
Para justificar estos últimos, los relacionados con servicios de fisioterapeuta, la empleada contactó con el otro principal investigado de la trama, quien emitió a su nombre numerosas facturas, presuntamente falsas, que fueron incorporadas en los expedientes tramitados por la empleada de la compañía.
Además, esta persona consta en uno de los accidentes como presunta víctima. Ambos idearon la operativa defraudadora, y fueron ellos mismos quienes se dedicaron a captar a las víctimas falsas de los accidentes.
Los 41 expedientes se han tramitado durante los años 2019 y 2020 y se ha identificado a 43 personas como presuntas víctimas falsas, algunas de ellas menores de edad, generándose un fraude de 1.201.999,10 euros.
