La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) se ha personado contra el recurso contencioso administrativo de la Junta de Castilla y León frente a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas (LESPRE), que ha admitido a trámite la Audiencia Nacional, que también tramita otro del colectivo frente a la orden ministerial por considerar que supone una protección «totalmente insuficiente» del cánido.
ASCEL ha señalado que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de la Transición Ecológica por la orden ministerial del pasado 21/09/2021, que ha sido admitido a trámite el 1 de octubre, y que se pronuncia en sentido contrario al de la Junta, dado que considera que la protección del lobo que le confiere «es totalmente insuficiente».
Además, la Asociación ha asegurado que se personará como codemandada en todos los procesos judiciales abiertos por las comunidades autónomas «beligerantes, anti-sistema y radicalizadas» en contra de la protección del lobo porque considera que los argumentos que defienden «son indecentes e ilegales».
De hecho, ha incidido en que ya se ha personado contra el recurso de la Junta de Castilla y León el 28 de octubre y ha advertido de que lo «combatirá» con las «mejores» evidencias científicas y legales a su alcance.
La eficacia y éxito de las actuaciones judiciales de ASCEL contra la ilegal gestión cinegética del lobo de la Junta de Castilla y León es pública y notoria», ha asegurado la entidad, que ha recordado que su acción en los tribunales ha permitido anular en dos ocasiones sendos planes de gestión regional del lobo aprobados en 2016 y 2018, el aprovechamiento cinegético de lobos de las temporadas 2011-2012 y 2015-2016, suspender la caza de 143 lobos en el 2018-2019 «salvando a esos ejemplares de la muerte» y condenar en primera instancia al pago de más de 800.000 euros como compensación a la muerte ilegal a 91 lobos en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.
En este sentido, ha señalado que la protección nacional del lobo, y de cualquier otra especie de la fauna y flora salvaje de España, compete ejecutivamente al Gobierno central por la Constitución y por el marco normativo vigente (Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).
«Por coherencia estructural y jerarquía administrativa, las comunidades autónomas participan de forma reglada en los procesos, pero como órganos consultivos, no ejecutivos», ha afirmado ASCEL, que considera que, en cualquier caso, no pueden suplantar las atribuciones nacionales ni «degradar» el marco de protección nacional. Así, ha aclarado que las autonomías pueden mejorar la protección en el marco de sus propias competencias, pero no «empeorarla».
La Asociación ha recordado que el proceso de protección nacional del lobo empezó en 2019 con su petición y el Ministerio ha tardado dos años en finalizar la tramitación, entre otras cosas, para cumplir con todos los trámites necesarios, incluido el diálogo, consulta y participación de comunidades autónomas como Castilla y León.
LA JUNTA «MIENTE»
«Por tanto, la Junta de Castilla y León miente a ese respecto, y manifiesta su animadversión contra la protección del lobo de forma tendenciosa y manipuladora», ha asegurado ASCEL, que ha aseverado que el estado de conservación de una especie como el lobo no lo dictamina Castilla y León «unilateralmente», sino la Comisión Europea, la cual ha concluido que la población del lobo en España está en un estado de conservación «desfavorable e inadecuado», algo de lo que ha responsabilizado a las comunidades como Castilla y León.
En esta línea, ha argumentado que la protección nacional del lobo no obedece a si hay 300 grupos de lobos invariablemente en España desde hace 30 años o de si hay 3.000, 5.000 o 30.000 lobos solo en Castilla y León, sino que «se trata de una cuestión legal» correspondiente al marco normativo común español y europeo.
A este respecto, ha insistido en que la protección del lobo es un proceso reglado administrativamente que orbita en torno a si dicha especie en España cumple los requisitos legales y técnico-científicos para estar estrictamente protegida, «lo cual es independiente de censos, consensos, intereses sectoriales y/o caprichos de radicales anti-sistema, como los responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León», que ha asegurado «que se ostentan el triste récord de despropósitos, corruptelas y condenas ambientales de todo el país, y todavía no han dimitido ni han cesado en sus cargos».
ASCEL ha afirmado que la Junta, en vez de «aprender a proteger y recuperar» su patrimonio natural, «sigue en sus trece favoreciendo desde el sensacionalismo, la desinformación y los intereses sectoriales minoritarios (ganadería y caza)» frente a una sociedad civil que, ha asegurado, demanda otro modelo de gestión que pasa por no matar ningún lobo.
«Para más inri, la Junta de Castilla y León ha generado un acto de rebelión administrativa en contra del Gobierno de la Nación», ha agregado ASCEL, en referencia a la creación «ad hoc» de un grupo de trabajo de lobos con otras comunidades autónomas cuyos responsables de medio ambiente «actúan al margen del marco normativo europeo y español que protege al lobo, faltando a la verdad y engañando a la ciudadanía».
Así, ha añadido que cualquier responsable público «presentaría su dimisión» si falta a la verdad en el ejercicio público.
