La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la necesidad de promulgar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para actualizar el proceso penal y de armonizar la legislación española con el resto de países del entorno.
Así lo ha dicho en el marco de la inauguración de la mesa del grupo de trabajo de carácter interinstitucional de la nueva LECrim que ha tenido lugar este miércoles.
Según ha informado el Ministerio en una nota de prensa, Llop ha asegurado que «es imprescindible avanzar para dar cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España y para alcanzar la buscada armonización de nuestro ordenamiento jurídico con el derecho europeo».
Asimismo, la ministra ha señalado que la norma centenaria «debe ser adaptada a la realidad vigente, donde principios como la igualdad de género, la no discriminación o la protección de las personas más vulnerables han pasado a ser rectores de nuestra sociedad democrática».
AJUSTE DEL ANTEPROYECTO DE LEY
La titular de Justicia se ha referido también a la importancia de ajustar el anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020, «para que sea un proyecto colectivo e incluyente, empezando por los operadores jurídicos y las instituciones que los representan. Por eso, se abre ahora una segunda etapa en la tramitación de la norma, en la que la participación de las instituciones convocadas resulta de vital importancia».
En el marco de su intervención, la ministra ha puesto de manifiesto la necesidad de alcanzar consensos. «No me cabe duda de que el grupo de trabajo que hoy se constituye permitirá hacer del texto del anteproyecto un referente común mediante el diálogo y la construcción colectiva», ha dicho.
La mesa del grupo de trabajo interinstitucional está constituida por representantes de la Dirección General y Estudios SES del Ministerio del Interior, de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia, de la de la Audiencia Nacional, del Gabinete Técnico del CGPJ, de la Audiencia Provincial de Madrid, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de los Procuradores de España, del Consejo General de la Abogacía Española y del ámbito académico.
