El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, defiende este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el apartado del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinado al Ministerio dirigido por Pilar Llop en medio de las críticas por el número de plazas anunciadas para jueces y fiscales.
Zapatero responderá a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios a partir de las 11.30 horas. También está previsto que acuda a comparecer la subsecretaria de Estado de Justicia, Ana María Sánchez Hernández.
El número dos del Ministerio detallará el texto de los Presupuestos –presentado a la Cámara Baja el pasado 13 de octubre– en el que se recoge que en el ejercicio 2022 se destinará a Justicia 2.284 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5 por ciento respecto al año 2021.
El secretario de Estado explicará a los partidos la línea fijada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el proyecto de los PGE, en el que se asegura que el objetivo para 2022 es «transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento».
En el ‘libro amarillo’, en el que se explica en líneas generales cuánto va destinado a cada departamento, recoge una previsión de 210 millones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) «al objeto de mejorar la capacidad que tiene la Justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la propia reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital».
El Gobierno asegura que con estos PGE «se continúa el desarrollo del Plan de Justicia 2030», con el que se busca un servicio público de Justicia «accesible, eficiente y sostenible». Recuerda que el plan tiene como eje transversal el diálogo y la cogobernanza, tanto con administraciones territoriales, administraciones institucionales, como con asociaciones y agentes sociales.
POLÉMICA POR LAS PLAZAS PARA JUECES Y FISCALES
El documento aprobado por el Consejo de Ministros también prevé una oferta de hasta 200 plazas con la intención de «lograr una estabilización numérica de la oferta de empleo para jueces y fiscales, una reducción de la interinidad, y una reducción de la sobrecarga y los tiempos de espera».
Las asociaciones de jueces y fiscales emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que las 200 plazas previstas suponen una reducción del 33 por ciento respecto a años anteriores, lo que calificaron de «jarro de agua fría» que llega sin ninguna motivación.
«Confiamos en que, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se modifique esta oferta de plazas, aumentándose su límite, de tal modo que, al menos, se mantenga una convocatoria con el mismo número de plazas que en años anteriores», señalaron.
En dicho comunicado, además, recordaron que hace casi un año se pronunciaron pública y conjuntamente las cuatro asociaciones judiciales para reclamar al Gobierno ampliar a 300 plazas las 240 previstas, por lo que subrayaron que 200 era una cifra insuficiente.
OFICINAS DE JUSTICIA
En el marco de los Presupuestos, en el área de accesibilidad destaca como primer proyecto la creación de las oficinas de justicia en el municipio, y apunta que esto proporciona servicios judiciales al ciudadano ahorrando desplazamientos y reforzando los servicios en todo el territorio.
También remarca la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio como las herramientas para que las personas más vulnerables puedan acceder al Servicio Público de Justicia con garantías. Avanza, además, que contemplan 15 millones de euros para asistencia jurídica gratuita en concepto de mediación.
En el apartado de eficiencia en la Justicia, el Gobierno apuesta por tres grandes propuestas normativas en el ámbito de la eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia digital. Y sobre la sostenibilidad apuntan que se aborda no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el de la cohesión social y territorial a través de un sistema interoperable dentro de la Administración de Justicia.
Al hilo, recuerdan que desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se destinan a financiar los «gastos de personal» integrantes de la política de Justicia alcanzan, en el ejercicio 2022, los 1.663 millones de euros. Importe que supone el 72,8 por ciento del total del presupuesto.
Los PGE recogen también el dinero destinado a implantar un sistema de becas para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrado de la administración de justicia, y lo cifran en dos millones de euros. El objetivo es que «todo el mundo pueda acceder a los cuerpos judiciales en igualdad de oportunidades».
CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA
Asimismo, se pretende que estas cuentas ayuden a mejorar la cooperación autonómica en el desarrollo y reutilización de herramientas de trabajo electrónicas para garantizar la interconexión de las unidades judiciales de todo el Estado.
En el proyecto de los PGE, el Gobierno también avanza que se va a recuperar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia «con el fin de abordar con los representantes de justicia de los diferentes territorios los grandes retos en la materia, como la agrupación de partidos judiciales o la interoperabilidad de los sistemas informáticos». Para lograr la modernización tecnológica del sistema de Justicia, se presupuestan 191 millones de euros.
El ‘libro amarillo’ recoge además que Justicia destinará créditos por importe de 36 millones a los registros vinculados con la Fe Pública con el objetivo de modernizar el servicio. También se busca continuar el proceso de transformación y modernización tecnológica del Registro Civil, para facilitar al ciudadano el acceso y la tramitación electrónica de los expedientes.
NUEVOS EDIFICIOS
Según el Ejecutivo, se dotarán a los órganos de la Administración de Justicia de los medios materiales y de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento. Se destinarán 52 millones en créditos para licitar proyectos de nuevos juzgados en las localidades de Talavera de la Reina, Tomelloso, Illescas, Cartagena, Molina de Segura ,Valladolid, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Ibiza y Ciudadela en Baleares.
Con esa cantidad, también se licitarán obras para juzgados en Torrijos, Lorca y Manacor, y las sedes del Instituto de Medicina Legal de Toledo y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Dos Hermanas (Sevilla). A su vez, se rehabilitará la Audiencia Provincial de Salamanca y el edificio de juzgados de Ocaña (Toledo). Esa cantidad servirá para finalizar las obras de construcción de la nueva sede judicial de Segovia.
AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA EL CGPJ, EL TC Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Además de los 2.284 millones de euros previstos para el Ministerio de Justicia, los Presupuestos contemplan una partida de 76 millones de euros para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que representa un aumento del 4,2 por ciento en relación a 2021.
A parte, el Gobierno destinará 28 millones de euros al Tribunal Constitucional, un 7 por ciento más que en los presupuestos anteriores; y 75 millones de euros al Tribunal de Cuentas, que se traduce en un incremento del 7,8 por ciento.
