El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha retirado la orden de busca y captura dictada contra Viktor Walter Frantz, uno de los imputados en la estafa piramidal con criptomonedas que se habría cometido a través de la red empresarial de Arbistar, después de que designara un domicilio para comunicarse con la sede judicial, y le ha citado para tomarle declaración este jueves.
Según una providencia, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha citado a Walter Frantz para las 9.45 horas del 21 de octubre, al tiempo que ha pospuesto al 4 de noviembre la declaración de Diego Felipe Fernández Nojarova, otro imputado por el ‘caso Arbistar’ que estaba en busca y captura y debía comparecer este jueves.
De acuerdo con el relato judicial, tanto Frantz como Fernández Nojarova formarían parte del entramado de colaboradores de Arbistar que habría servido para perpetrar una estafa que Abascal cifra en más de 50 millones de euros y más de 3.000 afectados. Ambos estaban en paradero desconocido y por eso se libraron órdenes de detención en su contra, tanto nacionales como europeas e internacionales.
Sin embargo, el abogado de Walter Frantz compareció el pasado 8 de octubre en el juzgado para designar un domicilio para que su cliente pueda ser citado a los efectos de prestar declaración.
En respuesta, Calama acordó citarle formalmente en esa dirección para que declare como imputado y, «una vez verificada la citación positiva», cancelar las órdenes de búsqueda y captura emitidas.
En el caso de Fernández Nojarova, su abogado pidió al magistrado que, «cumplido el requisito consistente en la citación positiva», dictara una resolución expresa alzando igualmente las órdenes de busca y captura.
El presunto cabecilla de la trama, Santiago Fuentes Jover, ya compareció el pasado 23 de septiembre, aunque se negó a declarar. También han comparecido otros investigados relacionados con Arbistar y empresas vinculadas, tras lo cual se espera que el juez empiece a tomar declaración a trabajadores de menos rango.
EMBARGO DE UN COCHE DE «ALTA GAMA»
Además, el instructor ha adoptado otra decisión respecto a un tercer investigado, Iván Grima. En su caso, ha ordenado embargar un coche de «alta gama» de su propiedad y proceder a su realización anticipada para cubrir las eventuales responsabilidades pecuniarias.
Y ello porque Calama aprecia «un riesgo de que el investigado se pueda colocar en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo».
Se trata de un Tesla Model 3 al que el juez atribuye el «carácter de efecto del delito», por lo que razona que, de seguir en manos de Grima, supondría «un injustificado disfrute de un bien respecto del que existen serios indicios de que trae origen directo de una actividad delictiva».
A ello añade que sería también «un claro menoscabe de las posibilidades de resarcimiento de las víctimas de dicho delito, pues es evidente que la depreciación de un vehículo se produce de una manera exponencial por el mero transcurso del tiempo».
«Así las cosas, esperar al momento de la ejecución de una eventual sentencia condenatoria podría reducir el valor del vehículo en más de la mitad de su valor» y, «por el contrario, proceder a su realización inmediata garantiza su transformación en una cantidad líquida», argumenta.
PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN
Asimismo, Calama ha acordado prorrogar las pesquisas seis meses, hasta el 14 de abril de 2022, siguiendo el criterio de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, por cuanto los hechos investigados son susceptibles de «constituir una estafa piramidal con un alto alcance» por la cantidad de dinero y el número de afectados, que se encuentran tanto en España como en el extranjero.
«La expresada magnitud del fraude en cuestión conlleva necesaria la práctica de otra serie de diligencias de instrucción», entre ellas nuevas declaraciones y el análisis de los dispositivos de almacenamiento masivo de información y de la documentación intervenidos en los registros, indica el juez.
Según las acusaciones, entre las que se encuentran perjudicados representados por Lucas Asociados, Arbistar comenzó a funcionar en 2019, primero vendiendo un ‘software’ que hacía seguimiento del mercado de las criptomonedas para avisar al inversor de cuál era el mejor momento para comprar o vender, siendo el propio usuario quien debía hacer la operación.
Después ofrecieron un ‘bot’ al que posteriormente se sumaron sucesivos productos vinculados al mercado de las criptomonedas que anunciaban en vídeos de YouTube y a través de página web.
Las altas rentabilidades que garantizaban propiciaron que los 200 inversores iniciales se multiplicaran, hasta el punto de que el mercado nacional se les quedó pequeño y se dirigieron a inversores extranjeros, sobre todo en América Latina y el mundo árabe.
Además, pagaban un porcentaje a los inversores que traían nuevos clientes estableciendo un sistema de comisiones en cascada. Así, crearon ‘el club del millón’, un selecto grupo de unas 15 o 20 personas que habrían ganado cada uno más de un millón de euros en comisiones.
La estafa piramidal estalló en otoño de 2020 con las primeras denuncias hasta que el pasado mes de abril recaló en la Audiencia Nacional. Entre los afectados, detallan las acusaciones, hay personas sin conocimientos informáticos ni financieros que entregaron dinero en efectivo para que Arbistar se lo invirtiera.
