Las formaciones de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo en el Congreso con EH-Bildu para la prórroga de las medidas de vivienda y suministros básicos del llamado ‘escudo social’ «hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente».
Todo ello a partir del debate de una proposición no de ley defendida por Bildu en el Congreso que llama al Gobierno hacer permanente las medidas relativas a la prohibición de desahucio y lanzamientos sin alternativa habitacional, y de cortes de suministros de energía y agua, y también la posibilidad de aplazar temporalmente el pago de la renta del alquiler.
Finalmente, la enmienda transaccional acordada insta al Ejecutivo a prorrogar estas medidas «mientras sea necesario por el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su adopción y hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente».
LA TASA DE POBREZA, SIEMPRE POR ENCIMA DEL 18%
Durante su defensa de la iniciativa, el portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, ha señalado que España acabó 2020 con una tasa de pobreza del 21%, pero que desde 1995 esta tasa nunca ha bajado del 18%, incluso en los años más boyantes de crecimiento.
Algo que, ha argumentado, implica que un mayor crecimiento «no acarrea más bienestar», que son necesarias medidas de protección permanentes y que el sistema de protección es «incompleto e insuficiente». Asimismo, señala que, con la pandemia, los datos anticipan «una sociedad más desigual»: «El ascensor social, si existe, es solo para bajar», ha lamentado.
PSOE ‘VENDE’ LOS PGE; PODEMOS LA LEY DE VIVIENDA
Sonia Guerra, del PSOE, ha subrayado el compromiso del Gobierno para garantizar la protección a los hogares vulnerables, y ha defendido que los Presupuestos ya contemplan un suministro mínimo vital, el fomento del bono social.
Por parte de Unidas Podemos, Pilar Garrido ha reconocido la insuficiencia del ‘escudo social’ pero ha reivindicado la necesidad de prorrogar sus medidas «mientras sea necesario» y avanzar en la garantía de derechos y su permanencia, a través de leyes como la futura Ley de Vivienda.
Cs DICE QUE EL «ASISTENCIALISMO» NO ACABA CON LA POBREZA
A favor de esta medida se han posicionado Esquerra Republicana y el BNG, mientras que PNV ha recordado su abstención al prorrogar estas medidas, por entender que vulneran la competencia autonómica en protección social y su diputado Iñigo Barandiaran ha acusado a Bildu de cuestionar esta capacidad e intentar «revertir» la misma por parte del País Vasco.
Genís Boadella, del PDeCAT, ha apostado, más que por medidas de protección, por «generar riqueza» que acaben con esas situaciones, al considerar que hay grupos que necesitan la existencia de pobreza, mientras que Sara Giménez (Cs) ha censurado la aplicación de «medidas puntuales para solucionar problemas estructurales», criticando que «el asistencianismo» no rompe estas causas y demandando planes específicos a la hora de diseñar políticas de empleo o vivienda.
PP, VOX Y UPN CONCENTRAN SU INTERVENCIÓN EN HABLAR DE ETA
Por otra parte, el PP, Vox y UPN, han concentrado la mayor parte de sus intervenciones para hablar de ETA, y asociar a EH-Bildu a la banda terrorista que hace diez años anunció el abandono de las armas.
Y es que, según ha criticado la ‘popular’ María Soledad Cruz, que ha iniciado su intervención recordando a la víctima Irene Villa, la moción es un pretexto «para blanquear a quienes siguen con los homenajes» a esta banda terrorista.
Carlos García Adandero, de UPN, ha ido más lejos al exigir a los diputados de Bildu de «arrepentirse de formar parte» de la banda y al Gobierno de «legitimar el terror». Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso y encargado de presidir la Cámara en ese debate, ha llamado la atención a Adanero para pedirle que se ciñera a la cuestión, justificando después el diputado navarro su intervención en que la moción respondía a un «blanqueamiento mutuo», del Gobierno y EH-Bildu.
