Vodafone ha aceptado que los trabajadores de sus tiendas afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puedan optar entre la indemnización y el pase a distribuidor, es decir, trabajar en una tienda externalizada de la ‘teleco’ que supondría, a su vez, el cierre de varias tiendas propias de la compañía.
Según han informado fuentes de la empresa tras la última reunión entre representantes sindicales y la compañía, los empleados han reconocido que dicha subrogación se ofrecerá sin garantía de empleo.
«Entendemos que es una buena noticia para los compañeros que ven alejarse un despido posterior en unas condiciones inferiores y fuera del foco mediático», apuntan desde Vodafone.
El pasado mes de septiembre, Vodafone anunció la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afectaría a un máximo de 515 empleados. Los despidos se focalizan principalmente en las áreas comerciales.
En la última reunión entre sindicatos y empresa, Vodafone rebajó el número de afectados por el ERE a 467 empleados, 42 personas menos. De estas 42 personas, 32 ocuparán vacantes del plan social y diez, bajas voluntarias o movimientos entre departamentos que ya han tenido lugar.
Asimismo, Vodafone se abrió a estudiar la posibilidad de cambiar el cierre de las 34 tiendas propias por una externalización del servicio, en el que están empleados 237 trabajadores, que pasarían a la cadena de distribución.
Además, la compañía se comprometió a realizar un segundo estudio para aquellas posiciones en las que sea necesaria una formación más compleja a la hora de plantear recolocaciones.
Por su parte, la representación legal de los trabajadores siguió considerando «claramente insuficiente» la rebaja, y presentó una contrapropuesta en la que plantean la firma de una garantía de empleo de dos años.
Para las salidas, los sindicatos reclaman 58 días por año trabajado con tope de 42 mensualidades más una suma de 6.000 euros para quienes cobren menos de 35.000 euros al año.
Asimismo, solicitan que las prejubilaciones se produzcan desde los 53 años con rentas hasta los 63 años y hasta los 65 años en caso de que los que se adhieran tengan más de 60 años.
Para adherirse, los trabajadores deberán tener siete años o más de antigüedad y cobrarían una indemnización del 85% del fijo y un 50% del variable teórico.
Además, la representación sindical ha pedido que rija la voluntariedad y no se veten perfiles, así como que el máximo de vacantes posibles no estén sujetos a adscripción territorial.
También se ha propuesto proteger colectivos vulnerables como personas con una discapacidad superior al 65%, o que tengan una pareja o descendientes con la misma, víctimas de violencia de género, así como mantener la proporcionalidad en casos de maternidad, paternidad o reducción de jornada.
