El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que ha aprobado este jueves el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario contempla incrementar en un 4,2 por ciento el presupuesto destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018 ante la falta de consenso de los grupos parlamentarios para renovar a sus vocales.
En concreto, el Ejecutivo destinará 76 millones de euros de los presupuestos de 2022 al órgano de gobierno de los jueces, una cifra que supera en tres millones los fondos destinados en el ejercicio anterior.
Fuentes del CGPJ han indicado que la diferencia puede responder al aumento de plazas destinadas a los jueces en prácticas en la Escuela Judicial, que cuenta con una promoción mayor a la de años anteriores.
En el marco de los presupuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha estimado a su vez aumentar en un 7 por ciento los fondos correspondiente al Tribunal Constitucional (TC), cuya renovación parcial también está pendiente desde diciembre de 2019. En este caso, el Ejecutivo ha acordado incrementar en un millón el presupuesto del tribunal de garantías hasta llegar a los 28 millones de euros.
Por su parte, está previsto que el Tribunal de Cuentas -en funciones desde el pasado julio– reciba un total de 75 millones de euros, un 7,8 por ciento más que en 2021.
2.247 MILLONES PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA
Este jueves también se ha dado a conocer que el Consejo de Ministros ha destinado un 11,6 por ciento más al Ministerio de Justicia. Según los datos esbozados por el Gobierno, el presupuesto nacional asignado para el departamento dirigido por Pilar Llop alcanzará los 2.037 millones de euros en 2022. Gracias a los fondos europeos, la cifra aumentará hasta los 2.247 millones de euros.
Parte de ese incremento iría destinado a poner en marcha un sistema de becas para los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia. «El objetivo es democratizar el acceso a esos puestos de trabajo», indica el Gobierno en el documento que recoge el incremento en la partida de Justicia.
