El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para miércoles, jueves y viernes a una docena de imputados por la ‘Operación Titella’, donde se investiga una presunta macroestafa que tiene al productor de televisión José Luis Moreno como principal imputado.
Según una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado una ronda de comparecencias que tendrá lugar el 6, 7 y 8 de octubre, aunque no intervendrá ninguno de los presuntos cabecillas.
Estaba previsto que el miércoles acudieran Cristina Muñoz, Rosa Santamaría y Natalia y Raúl Fernández, pero la declaración de este último se habría aplazado, según fuentes jurídicas. Para el jueves, el magistrado ha llamado a Luis Enrique Dueñas, José María Alvear, Óscar Tardio y Ernesto Paniagua; mientras que el viernes están citados Pascal Jean Jorgen, Óscar Ordoñez y Beatriz y Ramón Sánchez. No obstante, las comparecencias podrían sufrir cambios, de acuerdo con dichas fuentes.
El juez interrogará a estos imputados después de resolver la petición de nulidad planteada por Moreno y otros investigados que pretendían tumbar todo lo investigado desde el 23 de agosto de 2018 porque el primer juzgado en el que recaló ‘Titella’ estuvo unos meses indagando sin prorrogar el plazo de instrucción.
El magistrado ha rechazado tal pretensión argumentando que un defecto de forma que no afectó a los derechos fundamentales de los imputados no puede conducir a la impunidad de una macroestafa que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, según las estimaciones de la Fiscalía.
MORENO, LA «TARJETA DE VISITA»
Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
El magistrado le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó ‘in extremis’ en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.
De acuerdo con el sumario del caso, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
ESTAFA Y BLANQUEO
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
