El Congreso ha dado luz verde este martes a continuar la tramitación de la Ley General de Salud Mental, una iniciativa que pretende garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos con el fin de lograr la plena participación e inclusión sin estigmatizaciones, ni discriminaciones.
La proposición de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, plantea garantizar el derecho a la protección de la salud mental por Ley, lo que va más allá del desarrollo de una Estrategia Nacional de Salud, que es lo que se plantea desde el ministerio de Sanidad, y en el que se lleva años trabajando desde distintos Gobiernos.
Así, al finalizar el pleno ha sido aprobada para su toma en consideración con 96 votos a favor, apoyada por el PSOE, Más País, EH Bildu, PRC y Cs; 35 abstenciones, entre ellas las de PP y PDeCAT, y ningún voto en contra.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, quien ha defendido la iniciativa ha recordado que la magnitud del problema es «terrible» y, por este motivo, se trata de un «problema de Estado» que debe ser solucionado ante la falta de recursos, «un enorme déficit asistencial», y los «fríos datos» que no paran de crecer, por culpa de unos «poderes públicos que no han estado a la altura».
«Por eso, presentamos esta Ley. Porque ya es hora de que los poderes públicos nos tomemos este tema en serio. Ya es hora de que pasemos de los debates a los hechos. Y la prueba más sangrante de que esto todavía no ha pasado en España es el enorme déficit de recursos humanos que sufre el sistema público de salud mental», ha señalado en su discurso.
Por ello, la presente ley establece nuevas garantías de tiempo y ratios de profesionales en aras de facilitar y extender el acceso a la atención pública a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS). A tal fin, el Consejo Interterritorial acordará, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos, el establecimiento de ratios mínimas.
Así, deberá garantizar que el SNS cuente con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Este ratio, ha destacado Echenique, deberán alcanzarse progresivamente en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente ley.
Rosa Romero Sánchez, desde el Grupo Popular, ha lamentado que la salud española haya caído en picado con la pandemia, pero se pregunta si realmente es necesario poner en marcha una ley específica. «La salud mental lo que necesita es apoyo presupuestario real. No es un problema de legislación sino de financiación», ha advertido. No obstante, ha añadido, «no vamos a ser un impedimento, aunque no estamos de acuerdo en la forma estamos de acuerdo en el fondo».
En el PSOE, a favor de está Ley para conseguir un «debate amplio», la diputada Carmen Andrés ha recordado el apoyo del Gobierno a cualquier iniciativa que trabaje contra el estigma de la salud mental y favorecer su atención
Ciudadanos, que también ha apoyado la Ley, ha pedido seriedad con este tema porque es «vital» cómo se trata. El diputado Guillermo Díaz ha pedido dimensionar el problema, «trabajar más en las estadísticas de las enfermedades mentales», asimismo ha defendido la lucha contra el estigma y contra el suicidio. «No hay que taparlo, hay que contarlo», ha señalado.
Desde VOX, el diputado Juan Luis Steegmann se ha mostrado contrario al texto, porque entiende que trata de evitar el tratamiento farmacológico desde la perspectiva psiquiátrica; y, a su juicio, apoya la implantación de «nuevos chiringuitos» al apoyar el desarrollo de nuevos centros de atención.
«Vamos a votar a favor», ha afirmado la diputada Ines Sabanés Nadal, miembro de Equo, que ha mantenido que «ya llegamos tarde» en su desarrollo; por el contrario, desde el Grupo Parlamentario Plural, Néstor Rego, ha mostrado su apoyo al contenido de la Ley desde la perspectiva de necesidad de solucionar la problemática, sin embargo teme que sea un giro para centralizar sin dotar de presupuesto y, por tanto, ha pedido respetar las competencias de las CCAA.
Desde el PDeCAT , contrario a esta iniciativa legislativa, ha manifestado su abstención. Según ha explicado la diputada Concep Cañadell Salvia, «hay una clara infracción competencial en los ratios profesionales», así como desconfía de la financiación. Mientras, desde el grupo parlamentario republicano Francesc Xavier Eritja Ciuró, «no todo el mundo tiene acceso» u «oportunidad» de una asistencial de salud mental, y entiende que eso solo se puede evitar desde una sanidad pública, equitativa y universal. Por este motivo apoya la iniciativa de Unidas Podemos.
El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha echado por tierra su desarrollo ante la dificultad competencial en su implantación en las CCAA; mientras que José María Mazón del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), ha valorado positivamente siempre que haya una Estrategia común que la desarrolle de manera homogénea entre las CCAA; mientras, otro de los integrantes del Grupo mixto, el diputado de la CUP Albert Botrán ha considerado que la salud mental necesita más derechos.
De GEH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo ha defendido apoyar la propuesta porque es fundamental para «crear un debate en esta sociedad, para saber por dónde hay que responder a los problemas mentales», ya que el aumento de casos «no es una casualidad» y «el sistema de salud mental está teniendo muchas carencias». En contra del desarrollo de la Ley, Josune Gorospe, diputada parlamentaria EAJ PNV, ha criticado que se impulse la misma desde el socio del Gobierno, asimismo no considera tan importante su desarrollo como el debate o el problema de salud mental, por eso pide un Plan Integral y no una Ley que, entiende, puede «contribuir a estigmatizar» más el problema.
PROTEGER LA SALUD MENTAL POR LEY
Además de los ratios, imprescindible dentro del desarrollo de esta Ley, Echenique ha señalado la importancia dentro de la misma de combatir los efectos de la estigmatización, la discriminación y otras violaciones de derechos humanos relacionados con la salud; esta ley deberá crear los mecanismos pertinentes para su detección, denuncia y reparación.
La Ley será promovida por el Sistema Nacional de Salud; ninguna persona podrá ser discriminada en el acceso a las prestaciones y servicios previstos; todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su salud mental; y los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente ley en garantía de la salud mental de la población.
Se prestará especial atención al derecho a decidir sobre la propia vida y el propio tratamiento, así como al acceso a sistemas de apoyo a la toma de decisiones que garanticen la autodeterminación en caso de ser necesarios; y luchará contra conductas discriminatorias derivadas del estigma social.
La prevención de los problemas de salud mental se abordará en todos los ciclos de la vida y desde todos los ámbitos, con especial atención a los grupos expuestos a contextos de vulnerabilidad maximizada, teniendo en cuanta la perspectiva de género. Asimismo, la participación activa de las personas afectadas por problemas de salud mental en la organización y provisión de los servicios de atención a la salud mental es un derecho.
Supone analizar el problema de salud mental, desde una perspectiva psicológica y social a partir de un concepto de salud integral, que permite contemplar la influencia del contexto social, no solo el nivel biológico, sino también los factores psicológicos y sociales y los determinantes de clase.
