La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) causada por el serogrupo B, que es la más común en España, tiene un coste total para la sociedad española entre los 4,7 y 13,1 millones de euros (33.484 y 92.768 euros por caso, respectivamente), según el estudio ‘La carga económica de la enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis del serogrupo B en España’, financiado por GSK y en el que han participado economistas de la salud de varias instituciones académicas y que ha sido presentado en el II Congreso Digital de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
La meningitis B (MenB) es una enfermedad poco común, pero muy grave. Además de provocar graves secuelas, como discapacidades físicas y sensoriales e, incluso, la muerte, se ha comprobado que también provoca una alta carga económica para las familias que la sufren y, en general, para la sociedad española. Se trata de la primera vez que la carga económica de esta enfermedad se estima desde una perspectiva social.
Para llegar a estas conclusiones, los autores adaptaron un modelo económico previamente publicado al entorno español para calcular los costes específicos del diagnóstico y por edad en un horizonte temporal de toda la vida para una cohorte hipotética de casos de EMI por MenB.
El análisis incluyó los costes directos asociados a la fase aguda de la enfermedad, las secuelas a largo plazo, los costes de rehabilitación y de respuesta de Salud Pública (profilaxis post-exposición en contactos cercanos al paciente). Los costes indirectos incluyeron las pérdidas de productividad asociadas, tanto por parte de los pacientes como de sus familiares, así como las muertes prematuras, y se estimaron mediante el Método del Capital Humano y el Método de Costes de Fricción.
Entre las conclusiones, además de los costes totales y el coste medio por caso calculados para una cohorte de 142 pacientes, se destaca que la carga económica derivada de las secuelas (fuera de la fase aguda), supondría entre el 62 y el 77 por ciento del coste total.
Adicionalmente, el mayor coste directo por secuela fue debido al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, seguido de la enfermedad renal y la epilepsia. En cuanto a la fase aguda, el mayor coste directo fue de 311.561 euros (10.209 euros por caso) en niños del grupo de edad de entre 1 y 4 años, que es precisamente el grupo en el que más casos se registran y en el que se pueden producir secuelas más graves debido a su temprana edad.
Álvaro Hidalgo, director de WEBER, Economía y Salud y la Fundación WEBER y catedrático de la Universidad de Castilla La-Mancha, ha remarcado la importancia de poner el foco en los costes indirectos de esta enfermedad, ya que «no solo lo asume el sistema nacional de salud sino, además, los padres de los niños, con bajas laborales y días de escuela perdidos.
Las consecuencias de esta enfermedad llevan al experto a aplaudir la inclusión de la vacunación de lactantes contra el meningococo B con Bexsero en países vecinos como Francia. «Permitirá reducir las infecciones meningocócicas que pueden evolucionar de forma rápida a un desenlace fatal y reducir así la carga de la enfermedad y la secuelas tanto para los niños, sus padres y el sistema sanitario francés», ha destacado.
Además de este trabajo, otro estudio relacionado con la meningitis B y los factores económicos se ha presentado en marzo de este año en el X Congreso de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Se trata de la investigación ‘La relación entre la renta per cápita de las familias y el acceso a la vacunación con 4CMenB en España’. De acuerdo con sus resultados, el acceso a la vacuna multicomponente meningocócica del serogrupo B (4CMenB), que protege frente a la enfermedad meningocócica provocada por el meningococo B, estaría ligado al nivel de renta.
En la actualidad, esta vacuna solo puede ser adquirida por las familias a nivel privado dado que no cuenta con financiación pública a excepción de tres CCAA (Castilla y León, Canarias y Andalucía que recientemente ha anunciado su próxima inclusión) aunque sí está recomendada por la AEP para la vacunación de niños a partir de los 2 meses de edad.
Las conclusiones del estudio señalaron «una correlación positiva entre la ratio de ventas de la vacuna por nacimientos y la renta per cápita a nivel municipal, lo que sugiere que el acceso a la vacuna en España estaría asociado al nivel de renta, en el contexto de ausencia de financiación pública», según explica uno de los autores, el economista de la salud Daniel Callejo.
