La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, junto a mujeres de diferentes asambleas y grupos feministas de la capital, han pedido a Igualdad, este lunes, que la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recoja la necesidad de un aborto público y gratuito y elimine el periodo de reflexión de tres días que se exige previo a llevar a cabo la interrupción del embarazo.
Estas dos medidas, junto a otra decena de ellas, se incluyen en un documento que la Comisión ha entregado a la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas. Con ella se han reunido en el marco de encuentros que Morillas está realizando con diferentes actores del sector para tratar la reforma legislativa.
Así, las entidades feministas reclaman a Igualdad que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal, excepto cuando se realiza en contra de la voluntad de la mujer; o que se incrementen lo servicios en la Sanidad Pública para las IVE, para garantizar que los centros y hospitales atiendan las demandas de las mujeres y personas gestantes.
Con esta última petición, la Comisión busca eliminar las «desigualdades territoriales», la «complejidad burocrática» y «los tiempos de espera», así como «una mayor apuesta por el aborto quirúrgico». En este sentido señalan que, según los datos de 2018, la Sanidad Pública solo realizó el 13,9% de los abortos realizados en el país ese año. «Una tendencia que se repite cada año», lamentan.
DERECHO AL ABORTO PESE A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
En este sentido, también piden que se eliminen las barreras administrativas de acceso a la asistencia sanitaria a migrantes o ciudadanas en situación administrativa irregular.
El documento de propuestas de la comisión, recoge, además, incorporar la IVE a través del método instrumental como materia curricular en las carreras de medicina y enfermería, que se «garantice» en la Sanidad Pública «el derecho al aborto a pesar de la objeción de conciencia» o poner fin al acoso que profesionales y mujeres sufren en su acceso a las clínicas abortivas.
Sobre este último punto, el Ministerio de Igualdad ya mostró su intención de incluir medidas sobre este tema en la ley. Además, la semana pasada el Congreso aprobó iniciar la tramitación de un texto, impulsado por el PSOE, para penalizar a las personas que llevan a cabo estos actos frente a las clínicas que realizan IVE.
La creación de un comité médico independiente que, a partir de la semana 22 de embarazo, establezca con protocolos jurídicos y médicos, criterios claros de actuación; la inclusión de la educación afectivo-sexual en el temario curricular en todas las etapas educativas; la puesta en marcha de talleres de educación afectivo-sexual para adultos; la apertura de centros de planificación familiar con horario de urgencia; eliminar la necesidad de consentimiento paterno en las menores de 16 y 17 años que deseen abortar y vigilar la garantía de acceso a la IVE en todas las CCAA, son otras de las propuestas que ha presentado la Comisión.
