El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Murcia, Antonio Luengo, ha asegurado este viernes que la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) vendió agua desalada a 22 fincas sancionadas por regadío ilegal en el entorno del Mar Menor.
Luengo ha explicado que estas fincas, sobre las que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene abiertos expedientes, «han sido o están siendo suministradas» con agua procedente de una desaladora propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Según el titular de Agricultura, cuando la Comunidad ha acudido a esas fincas para obligar a su restitución al estado anterior por no disponer de derechos previos, mediante notificación de la CHS, «muchos» de los propietarios «han alegado que estaban regando con agua precisamente que ponía a disposición el propio Ministerio a través de Acuamed».
«Es algo que llama muchísimo la atención; incluso muchísimos de ellos alegaban que estaban todavía siendo suministrados con ese tipo de agua», ha manifestado Luengo.
Al hilo, ha criticado que, desde el episodio de anoxia en el Mar Menor a mediados del pasado agosto, «hay quienes intentan poner en entredicho quién tiene la competencia de poder dar el aprovechamiento de agua a una parcela o quitársela; quién tiene que vigilar para que no se lleve a cabo ninguno tipo de regadío donde no se deba, y quién tiene la herramienta para cesar esos regadíos de forma inmediata». Esas tres funciones, ha asegurado Luengo, «son de la CHS».
CONTRA LA «DEMONIZACIÓN» DE LA AGRICULTURA
El consejero ha defendido la necesidad de que las administraciones analicen «cómo están exactamente todos los expedientes», con el objetivo de que «si hay alguien que no esta haciendo las cosas bien, que lo corrija o sacarlo del sistema», pero lo que no se puede hacer, ha recalcado, es «demonizar absolutamente a todos los agricultores».
«Cada vez que hablamos de regadíos ilegales estamos, en ocasiones, sin darnos cuenta, demonizando a la agricultura; porque el que está en su casa que no es agricultor no entiende si un regadío es legal o ilegal, lo único que percibe es que hay alguien que lo está haciendo mal, y ahí incluso se tiende a generalizar», ha apostillado.
Al respecto, ha hecho llamamiento a la «responsabilidad», porque «hay mucha gente en nuestra región que lo esta haciendo bien y muy bien, y eso es lo que tenemos que poner en valor y tenemos que ayudar a aquellos que necesiten cualquier tipo de herramienta para adaptarse a la ley con la máxima celeridad».
«Es muy importante que actuemos con responsabilidad cuando hablemos de regadíos legales o ilegales, porque ahora qué ocurre con esos propietarios a los que el organismo de cuenca, dependiente del Ministerio, le dice que estaban utilizando un agua de forma ilegal, y precisamente el organismo que les vendía el agua es el propio Ministerio, parece cuanto menos surrealista», ha agregado Luengo.
