El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el partido político Vox y por el Partido Popular (PP) contra el decreto-ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la ‘ley rider’, y que obliga a esas empresas de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.
En una providencia del TC, se indica que sendos recursos fueron presentados por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El tribunal de garantías ordena dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
En nota de prensa, recuerda que los recurrentes consideran que la norma impugnada carece del presupuesto habilitante del artículo 86.1 de la Constitución referido a la extraordinaria y urgente necesidad.
«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general», reza ese artículo concreto.
RECURSOS ANTE EL ABUSO DE LA FIGURA DEL DECRETO LEY
La decisión del TC llega después de que la formación que preside Pablo Casado recurriese el pasado julio el real decreto al entender que no había «urgente necesidad» en la aprobación del mismo, acusando al Gobierno de «hurtar» al Congreso su labor y recordando que el alto tribunal ya había tumbado tres reales decretos del Ejecutivo por «utilizarlos abusando de su poder para evadir el control parlamentario».
Según los ‘populares’, en el caso de la ‘Ley rider’ la modificación del Estatuto de los Trabajadores se realizó mediante decreto y cuando «el acuerdo con el diálogo social estaba aprobadoen el mes de abril». Se daba, además, «una vacatio legis de tres meses». Para el PP eso demostraba que «no había urgente necesidad, sino que había una necesidad urgente de saltarse nuevamente al Congreso».
Por su parte, la formación liderada por Santiago Abascal registró el mismo mes otro recurso al considerar que el Ejecutivo había realizado un «uso abusivo» de la figura de decreto ley. Para Vox, las razones esgrimidas para la aprobación de este decreto no se ajustaban a «la ‘situación de extraordinaria y urgente necesidad’ constitucionalmente requerida» para recurrir al decreto ley, «ni se compadecen con las exigencias de la jurisprudencia constitucional que dimanan en su interpretación del artículo 86.1 de la Constitución».
Además, el partido sostenía que el propio Gobierno declaraba haber iniciado los trabajos para elaborar la norma en junio de 2020, y que después aplazó su entrada en vigor hasta el próximo agosto –se dio tres meses a las empresas para regularizar la situación–.
A su juicio, este período contrastaba «poderosamente» con la declaración del Gobierno de que «la situación a la que se pretende dar respuesta no puede abordarse mediante el procedimiento legislativo ordinario o a través de su tramitación urgente».
